El sector empresarial está convencido de que la solución más rápida a la escalada arancelaria con Colombia es el diálogo al más alto nivel. El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, ha insistido en ello y el martes reiteró el llamado a los mandatarios de Colombia y Ecuador para superar la controversia comercial que dice “genera una gran preocupación”.

El titular del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente pro tempore del Consejo Consultivo de la CAN, Juan Carlos Navarro, comenta que el secretario de la CAN tomó la iniciativa de enviar comunicaciones formales a ambos mandatarios con el objetivo de promover un espacio de diálogo institucional entre Ecuador y Colombia frente a esta coyuntura comercial.

¿Qué detalles conoce de esas cartas y de la respuesta de los mandatarios de Ecuador y Colombia?

El espíritu de esas cartas es precisamente el que venimos planteando desde el sector productivo: que se puedan activar mecanismos de diálogo que permitan abordar simultáneamente las preocupaciones de seguridad y las implicaciones económicas que están generando las medidas adoptadas.

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Hasta el momento, lo que conocemos es que estas gestiones diplomáticas buscan facilitar un canal de entendimiento entre los dos Gobiernos. Conozco que el presidente Daniel Noboa ya ha respondido fijando una fecha para la reunión con el secretario general de la CAN, está pendiente la respuesta del presidente Gustavo Petro, de Colombia.

Más allá de las respuestas formales que cada Estado pueda dar, lo importante es que existe una voluntad desde el ámbito andino de contribuir a que se retome un diálogo constructivo.

¿Tras el pedido que los empresarios hicieron de suspender temporalmente la tasa han tenido algún contacto con el Gobierno?

Sí, ha habido comunicación. El sector empresarial mantiene un canal permanente de diálogo con las autoridades económicas y comerciales del país. En reuniones con el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, hemos trasladado nuestra preocupación desde una perspectiva técnica, mostrando cómo estas medidas ya están generando impactos en el comercio, en las cadenas productivas y donde probablemente haya una potencial afectación al empleo.

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Hay un problema de seguridad nacional evidente que definitivamente debe de ser tomado como prioridad, en este contexto, lo importante es que el Gobierno también ha manifestado apertura a escuchar al sector productivo. Nuestro rol es aportar información objetiva que permita evaluar los efectos económicos de esta coyuntura y contribuir a encontrar soluciones equilibradas.

¿El mismo pedido realizaron sus pares de Colombia -suspender temporalmente el arancel-, han tenido alguna respuesta allá?

Desde Colombia los gremios empresariales también han expresado una preocupación similar. El mensaje desde ambos lados es muy claro: el diálogo es la vía para proteger el empleo, la producción y la estabilidad económica en los dos países. Hasta donde conocemos, los gremios colombianos también han hecho un llamado a que se puedan generar espacios de conversación que permitan encontrar soluciones sostenibles.

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¿Las elecciones en Colombia previstas para mayo pueden incidir en que no haya una respuesta de solución por parte de ese país?

Es difícil hacer una lectura política de los tiempos de cada país, sobre todo cuando existe una polarización ideológica tan fuerte. Lo que sí sabemos es que cuando existen coyunturas electorales los procesos de decisión suelen volverse más complejos.

Sin embargo, creemos que este tema debe tratarse con una visión de Estado y de integración regional, porque estamos hablando de cadenas productivas y de miles de empleos que dependen del comercio entre ambos países. Por eso insistimos en que el diálogo técnico e institucional es el camino más efectivo para avanzar hacia soluciones.

¿Cuáles considera que son las opciones de solución a este tema entre los dos países?

Desde una perspectiva técnica existen varias vías. Una primera opción es generar espacios de diálogo bilateral que permitan abordar las preocupaciones de seguridad sin afectar el comercio.

También pueden explorarse mecanismos transitorios que permitan reducir tensiones mientras se encuentran soluciones de fondo, es decir, una vez que se fije una fecha para el diálogo entre los dos presidentes pueda haber, al menos, una suspensión temporal de la aplicación de las tasas arancelarias.

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Y, por supuesto, los mecanismos de la Comunidad Andina siempre están disponibles como espacios de facilitación para resolver diferencias.

Lo fundamental es evitar que esta situación siga escalando, porque cuando el comercio bilateral se distorsiona, las consecuencias terminan trasladándose a empresas, trabajadores y consumidores.

¿Qué es lo último que les ha indicado sobre la situación con Colombia?

El ministro Jaramillo ha mantenido comunicación con el sector productivo y reiterado que el Gobierno está monitoreando de cerca la evolución de esta situación, pero insiste en que el problema de seguridad nacional no se puede dejar a un lado. Incluso se ha ofrecido junto a la canciller Gabriela Sommerfeld para ayudar en la apertura de nuevos mercados, tanto para las importaciones como para las exportaciones.

Valoramos que exista ese canal de diálogo, porque es importante que las decisiones de política pública puedan considerar también el impacto en las cadenas productivas y en el empleo.

Desde el sector empresarial seguiremos aportando información técnica y manteniendo una actitud constructiva para contribuir a que se puedan encontrar soluciones que beneficien al país.

Nuestro rol como sector productivo no es politizar el tema, sino aportar información técnica que ayude a encontrar soluciones que protejan simultáneamente la seguridad, el empleo y la estabilidad económica. Estamos convencidos de que la solución más rápida es un diálogo al más alto nivel entre los dos presidentes para que se dé por terminada esta escalada arancelaria. (I)