La reforma tributaria que fue enviada ayer al Registro Oficial para su promulgación, por el ministerio de la ley, obtendrá unos $ 1.900 millones en tres años y representa el incremento del impuesto a la renta para unas 274.000 personas que ganan más de $ 2.000; y también la entrega de una contribución temporal por dos años para 1.931 empresas que tienen patrimonios de más de cinco millones y por un año para 6.000 personas y sociedades conyugales que deben pagar contribución por el patrimonio de $ 1 millón y $ 2 millones, respectivamente. En el caso de estas 6.000 personas pagan más por partida doble: impuesto a la renta y contribución.

Este, a breves rasgos, es el resumen de la proforma original que el Gobierno entregó a la Asamblea, y que luego de que esta no pudiera ni aprobar un texto mejorado (en el cual el incremento de impuesto iba para quienes ganaran $ 2.500 al mes), ni tampoco archivarlo, entrará en vigencia por el ministerio de la ley. Aunque la reforma ha sido criticada por aplicar más impuestos supuestamente a la clase media, esta traería, según expertos, baja del déficit fiscal, mejor imagen en mercados e incluso garantizaría la entrega de más desembolsos de multilaterales.

De acuerdo con los datos de Economía y Finanzas, en 2022 el Gobierno recibirá $ 800 millones extras; en el 2023 serán $ 1.089 millones, mientras que para el 2024 llegarían unos $ 662 millones a las arcas fiscales.

Solo el primer año, los recursos llegarán de la siguiente manera: $ 261 millones por la contribución del patrimonio de personas, mientras que $ 467 millones provendrán de las contribuciones al patrimonio de empresas. En cambio, las personas que desde $ 2.000 hacia adelante contribuirán con $ 100 millones el primer año, pero para el 2023 ya aportarán $ 460 millones anuales.

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El Ministerio de Finanzas había ya establecido que el incremento de impuestos a las personas irá creciendo en proporción al volumen de los ingresos. Es decir, quien más gana, más paga. Así por ejemplo, los ciudadanos que ganan más de $ 2.000 hasta $ 2.500 en el país, que son unas 85.400 personas, pagarán en total al año unos $ 28 millones; en cambio, los que ganan de entre $ 2.500 y $ 3.000, que son 51.200 personas, pagarán $ 41 millones. Entre tanto, 93.500 personas que ganan de $ 3.000 a $ 5.000 aportarían con $ 136 millones cada año. Y los que ganan de $ 5.000 en adelante, que son solo 42.760 aportantes, pagarán $ 253 millones.

De acuerdo con los propios datos del Gobierno, los impuestos a las personas, que generan un flujo permanente al Estado, sí representan un incremento importante, en algunos casos que duplica lo que antes se pagaba. Pese a ese incremento, el aporte no es tan fuerte para los rangos más bajos de la tabla y se vuelve más importante para los rangos más altos.

Es decir, por ejemplo, una persona que gana $ 2.000 con la regla tributaria actual paga 0,7 % de sus ingresos; sin embargo, con la nueva pagará 1,4 % de sus ingresos. Alguien que gana $ 5.000, como un gerente privado, un jerárquico superior del sector público o un asambleísta, antes pagaba 6,8 % de sus ingresos y ahora pagará 10,9 %. Alguien que gana $ 11.416 mensuales pagaba 18 %, pero ahora pagará $ 24,6 %.

Para el secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, la aprobación de la reforma tributaria es un paso positivo hacia la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, ahora el Gobierno debe tener severidad en el gasto público y lograr atraer inversiones a fin de que se pueda consolidar la economía fiscal (equilibrar ingresos y gastos). Sobre la queja que existe desde varios sectores diciendo que si se grava con más impuestos el consumo baja, explica que este se compensa, pues la liquidez pasa del sector privado al público.

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El sector público también consume, paga salarios, compra bienes y servicios y paga los bonos a los más vulnerables. Sobre el tema de las empresas, opina que puede haber un cierto problema por la baja de liquidez, sin embargo, comentó que las empresas de $ 5 millones de patrimonio son sólidas. En todo caso, recuerda que el país tiene pocas alternativas para generar ingresos permanentes que son necesarios para cubrir el gasto permanente (sueldos, intereses de deuda, Seguridad Social, bonos).

En este sentido, para Carrera, aunque por un lado puede bajar liquidez en los actores, por otro, al consolidar las cuentas, bajan el déficit fiscal y el riesgo país, con lo cual pueden fluir inversiones.

En cambio, sobre cierto malestar generado entre personas que ganan $ 2.000, $ 3.000 o $ 4.000, o más, dijo que estas han adquirido un cierto nivel de vida y no quieren darle un centavo al Estado. Pero consideró que es necesario que haya solidaridad para ayudar a otras personas que viven con menos de $ 84 mensuales.

Por su parte, Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal, consideró que el “evento del fin de semana”, al cual dijo no sabe si llamarlo “pacto oculto o error masivo”, genera un alivio en el lado fiscal e incluso por encima de las expectativas del Gobierno.

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Además considera que al haber un incremento del precio del crudo, también recibirá más ingresos de los esperados. En este sentido propone que habiendo tomado estas medidas a las cuales califica de recesivas, podría intentar compensar a los contribuyentes bajando el impuesto a la salida de divisas (ISD). Acosta no está de acuerdo con esta ni con ninguna otra reforma tributaria, pues considera que estas generan la percepción de un entorno tributario volátil, lo cual no es atractivo para los inversionistas.

Para Acosta Burneo, el tema de fondo viene por el lado del gasto, y espera que las reformas que se han hecho al Código de Planificación y Finanzas Públicas, enfocadas a controlar a los gobiernos gastadores, den frutos no solo en este, sino en próximos gobiernos.

Por su parte, la banca de inversión Barclays explicó en un análisis publicado ayer que la aprobación de la ley acelera su paso, se aceleraría el proceso de consolidación fiscal y reduce significativamente los riesgos políticos, quitando de la mesa la posibilidad de un escenario de “muerte cruzada”, que podría haber desencadenado unas elecciones generales anticipadas si la reforma era rechazada.

Al entrar por el ministerio de la ley, el Gobierno podría recaudar $ 1.900 millones en ingresos adicionales durante los próximos dos años y aproximadamente 0,7 % del PIB en ingresos permanentes. Adicionalmente, Barclays hace hincapié en que al entrar de esta manera la reforma, también se integran una serie de cambios regulatorios e introduce acuerdos de producción compartida para contratos petroleros, lo que debería ayudar al Gobierno a atraer inversiones a este sector clave de la economía ecuatoriana.

La reforma también fue clave para la próxima revisión del programa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque algunas revisiones al programa podrían ser necesarias, debido a la reciente congelación de los precios internos del combustible y el subsidio resultante potencialmente mayor, la aprobación del proyecto de ley pone al Gobierno en buenas condiciones no solo para aprobar la revisión de diciembre, sino también para completar el programa del FMI.