A dos días de que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, amplió su versión dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado que habría ocurrido en el proceso de compra de pruebas PCR para el diagnóstico de Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, la Fiscalía señala que ha encontrado elementos de convicción suficientes sobre la posible responsabilidad de Yunda dentro de los hechos ilegales que se investigan.

La noticia anunciada en la cuenta institucional de la Fiscalía llega a días de que se realice en el Complejo Judicial Norte, al norte de la capital, la audiencia en la que la Fiscalía dará a conocer los elementos encontrados para vincular a siete personas a la instrucción fiscal: Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio de Quito; la coordinadora técnica Linda G., Daisy H., Paola C., Erik A., Marco R. y a Juan Alejandro V., como representante legal de la empresa Salumed S.A.

Al encontrar información que relacionaría al alcalde de Quito, la fiscal Ruth Amoroso, de la de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ha puesto en conocimiento del Fiscal Distrital de Pichincha, Alberto Santillán, su inhibición dentro de la presente instrucción fiscal. Lo hace debido al fuero de corte provincial que cobija a Yunda por ser alcalde. Además el caso pasaría de manos del juez penal Máximo Ortega, a conocimiento de presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

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Entre los elementos que se habrían encontrado en la investigación estarían mensajes en teléfonos celulares de conversaciones entre Ximena Abarca y el alcalde Yunda en los que, entre otros temas, se trataba de situaciones "referentes a la adquisición de reactivos para determinación de Covid-19 por PCR" para la Secretaría de Salud del Municipio, en el marco de la emergencia sanitaria, de lo cual se presume "existiría la autoría o participación" en el hecho investigado.

El lunes último, a su ingreso a la Fiscalía, Yunda señaló que había llegado a la Fiscalía voluntariamente a rendir versión y que lo hará las veces que se necesiten para aclarar las cosas. Pese a ello, Washington Andrade, su abogado, explicó que estaban en la Fiscalía para cumplir con una convocatoria hecha por la fiscal del caso para ampliar la versión inicial que entregó el alcalde capitalino.

Respecto a la noticia dada por la Fiscalía, en su cuenta de Twitter el alcalde Yunda escribió: "Nada tengo que ocultar, no he incurrido en ningún ilícito en toda mi vida, luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos ice que salvamos miles de vidas, estaré presto para colaborar con la justicia".

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Los 90 días de instrucción fiscal que inicialmente Ortega ordenó en este caso arrancaron teniendo como procesados al ex secretario de Salud del Municipio de Quito, Lenín Mantilla, quien se encuentra prófugo, Alejandro V., Diego S., José M., Simón V., Enrique B. e Iván M.

El 29 de enero pasado, agentes de la Fiscalía de Pichincha allanaron varias oficinas de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que habían conocido, de manera reservada, que funcionarios públicos de esa instancia municipal habrían ocultado documentación con información técnica relevante sobre irregularidades en la adquisición de pruebas para Covid-19.

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En el allanamiento se incautó documentación relacionada a la asesoría técnica para el análisis y procesamiento de pruebas para diagnosticar Covid-19.

En uno de los documentos identificados por Fiscalía se señalaría en su parte final: "Estos resultados son consistentes cuando comparados con los de la evaluación de eset mismo producto, realizado por la Subsecretaría de Prevención y promoción de salud de México, que se indica que para cargas virales de 100 copias por reacción no se obtuvo un resultado positivo no para la región RdRP, ni para el gen N, por lo que podemos concluir que el kit Isopollo COVID-19 DETECTION kit no tiene el 99-100 % de sensibilidad declarado por el proveedor al momento del contrato".

Luego de ampliar su versión iel lunes, Yunda ndicó que en la diligencia se le ha preguntado sobre qué procedimientos ha hecho la Secretaría de Salud y que él ha contestado con lo que sabe respecto al tema.

"Todos los temas de las pruebas se debatieron en Pleno del Consejo. Hubo una versión de que había supuestamente una baja sensibilidad que fueron corroboradas por el Korea Testig Certification, fueron corroboradas por SinLab, y no ha habido ningún reporte. Eso es lo que a nosotros nos da la transparencia", apuntó Yunda luego de la diligencia del lunes último.

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El 13 de noviembre pasado inició el proceso penal, luego de que la Fiscalía formuló cargos contra siete personas por aparentemente tener algún grado de participación en irregularidades cometidas en la adquisición por parte de la Secretaría de Salud del Municipio capitalino de 100 000 pruebas para Covid-19, en las que habría existido un sobreprecio. (I)