El alcalde de Quito, Jorge Yunda, llegó, la mañana de este lunes, a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ampliar su versión dentro de la investigación que se hace por supuestas irregularidades en la compra de pruebas PCR para detectar Covod-19 que se hizo desde la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

A su ingreso a la Fiscalía, poco después de las 10:00, el alcalde Yunda señaló a la prensa que había llegado voluntariamente a rendir versión y que lo hará las veces que se necesiten para aclarar las cosas. Pese a ello, Washington Andrade, abogado de Yunda, explicó que llegaron a la FGE para cumplir con un llamado hecho por la instancia investigadora para ampliar la versión inicial que entregó el alcalde capitalino.

Confirmó que la versión tiene que ver con la investigación que se hace ante posibles irregularidades en la adquisición de pruebas PCR e insumos médicos para la detección de Covid-19, proceso que llevó adelante Lenin Mantilla, cuando fue secretario de Salud del Municipio de Quito. La denuncia penal en este caso ha sido impulsado por el candidato presidencial, César Montufar.

El 29 de enero pasado, agentes de la Fiscalía de Pichincha allanaron varias oficinas de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que habían conocido, de manera reservada, que funcionarios públicos de esa instancia municipal habrían ocultado documentación con información técnica relevante sobre irregularidades en la adquisición de pruebas para Covid-19.

En el allanamiento se incautó documentación relacionada a la asesoría técnica para el análisis y procesamiento de pruebas para diagnosticar Covid-19.

El 13 de noviembre pasado, por el delito de peculado, el juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, abrió una instrucción fiscal de 90 días y ordenó prisión preventiva para el exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenín Mantilla, y Alejandro V., mientras que para Diego S., José M., Simón V., Enrique B. e Iván M. emitió medidas cautelares de presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país.

La medidas fueron adoptadas una vez la Fiscalía formuló cargos contra todos, por aparentemente tener algún grado de participación en irregularidades cometidas en la adquisición por parte de la Secretaría de Salud del Municipio capitalino de 100 000 pruebas para Covid-19, en las que habría existido un sobreprecio. (I)