Luego de cumplir dos sentencias de un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias y una de 20 meses por el delito de enriquecimiento ilícito, María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), recuperó su libertad el 1 de diciembre pasado.

La excarcelación de Larrea llegó después de que un Tribunal de Pichincha resolviera declararla a ella y a su esposo, Marcelo E. inocentes del delito de lavado de activos. En ese caso solo Carlos E., cuñado de la exfuncionaria del IESS, fue declarado culpable y se le ordenó la pena de seis años de prisión, además de que se dispuso la extinción de las personas jurídicas: Dialife, Guederian y Fialvida.

En esta causa, la acusación de Fiscalía apuntaba a que Larrea junto con su esposo y cuñado obtuvieron de forma irregular contratos por $ 91,1 millones entre el 2008 y el 2018. Para la acusación el principal cliente de las compañías que habían constituido los procesados era el IESS, seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública.

Las pruebas presentadas en audiencia referían que los procesados crearon una fachada, colocando dinero en el sistema financiero nacional fondos que habrían sido transferidos entre las cuentas de las empresas involucradas, simulado que los mismos provenían de proveedores y clientes. Pese a estas pruebas el Tribunal de Juicio definió la inocencia de Larrea y su pareja.

Este fue el segundo caso en que la exfuncionaria pública recibía una sentencia judicial favorable. En junio de 2020, ella recibió un sobreseimiento por el delito de peculado relacionados a supuestas irregularidades en la importación de medicamentos, pues el fiscal de la causa emitió un dictamen abstentivo.

Pese a la excarcelación dispuesta, a Larrea se le está ejecutando el fallo por enriquecimiento ilícito en el que debe cancelar al Estado a modo de reparación $3.6 millones y aún mantiene un recurso de casación pendiente por resolverse en la Corte Nacional de Justicia dentro de un proceso penal por el delito de peculado en el que inicialmente se le dio una pena de ocho años, pero en apelación se le incrementó la sanción a ocho años de cárcel, a pagar una multa de $ 400 y a cancelar solidariamente $ 7.4 millones con otros cinco procesados.

En el proceso por peculado vigente a la defensa de Larrea se le ha admitido a trámite los cargos casacionales que tienen que ver con la indebida aplicación del artículo 42.3 del Código Orgánico Integral Penal y la contravención expresa del artículo 76.7.

Registros de Migración señalan que en estos casi dos meses Larrea no ha salido del país, al menos usando los puertos y aeropuertos formales que son vigilados por la Policía Nacional. (I)