Dos procesos legales pendientes de resolver en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impulsados por el movimiento Justicia Social tendrían una respuesta después de la jornada electoral del 7 de febrero próximo.

Durante los últimos cuatro meses, el movimiento mantuvo un conflicto político y judicial con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TCE que lo llevó a perder hasta el derecho de inscribir a candidatos para el Parlamento Andino.

En el TCE aún está pendiente de resolver la causa 131. Debe sortearse el juez que elabore el proyecto de resolución, para votación del pleno en última instancia.

Dicho proceso lo tramitó el juez Joaquín Viteri, que en diciembre del 2020 ordenó al Consejo que precise las circunscripciones y candidaturas sobre las que debe cumplirse la democracia interna, designación y aceptación de candidatos. Y precise sobre las solicitudes de inscripción que se realizaron para su calificación.

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Justicia Social apeló este pronunciamiento y el magistrado le contestó que el Consejo podía "convalidar las inscripciones iniciadas y concluidas válidamente con la calificación ya realizada, de tal manera que no genere afectación alguna a los derechos de participación política y seguridad jurídica".

La intención de la agrupación política era que se ordene al CNE inscribir sus candidatos desde la democracia interna y para "todas las dignidades". E incluso, que les reciba y avale las renuncias de los candidatos que fueron escogidos en sus primarias realizadas en agosto del 2020.

Viteri indicó que esto "infiere la intención de desconocer sus propios procesos de democracia interna y designación de candidatos, lo que implica la inminente vulneración de los derechos de participación".

No obstante, falta aún la decisión del pleno que es de última instancia y su fallo podría tardar en conocerse hasta unos diez días, una vez que esté elaborado el proyecto de sentencia.

Otro litigio pendiente es la denuncia por infracción electoral en contra de cuatro consejeros del Consejo, también interpuesto por Justicia Social.

Se trata de Enrique Pita, José Cabrera, Diana Atamaint y Luis Verdesoto, a quienes se los acusó de no cumplir con la sentencia del TCE, para que se les permita inscribir candidatos, entre ellos, su binomio presidencial de Álvaro Noboa y Gino Cornejo.

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En primera instancia, el juez Ángel Torres los sancionó a pagar una multa de 70 salarios básicos; la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años; y, la destitución de sus cargos.

Los cuatro consejeros apelaron a esta decisión, para que haya una respuesta del pleno. De forma paralela están recusando a los magistrados que deben conocer esta causa.

Se espera que el fallo se dé a conocer después del 7 de febrero.

La última sentencia que no favoreció a Justicia Social es la relacionada con la inscripción de candidatos a parlamentarios andinos, en la que incluso se les hace un llamado de atención por el "abuso del derecho".

Se señala que la organización política perdió el derecho a la presentación de candidaturas por el "principio de preclusión", y les recuerda que el interés general está sobre el particular, "especialmente cuando operan estrategias que podrían constituir un abuso del derecho que pretende un aprovechamiento injusto de una facultad, derecho, o situación especial, con fines distintos de los autorizados por el ordenamiento jurídico".

Con este fallo, el CNE pudo disponer al Instituto Geográfico Militar (IGM) la impresión de las papeletas electorales sobre esta dignidad.

Apenas se supo de lo resuelto por los jueces se envió a imprimir las papeletas. Y hasta ayer había un avance del 29, 02% en la impresión. Es decir, 3’803.500 de 13’107.457 que se requieren.

El empresario Álvaro Noboa en un video difundido ayer pidió que voten por él este 7 de febrero, aunque su rostro no está en la papeleta presidencial. Criticó al CNE porque ha armado un "despelote" por el que no está listo para organizar las elecciones de este domingo.

El consejero José Cabrera explicó ayer que antes de empezar la impresión, se analizó "si es factible", y la respuesta fue afirmativa. Por lo que harán llegar esta papeleta a los recintos electorales en el territorio nacional.

La duda que persiste es sobre cómo las harán llegar a las circunscripciones del exterior.

Los consejeros preveían este lunes conocer un informe respecto de las dificultades que podrían tener los ecuatorianos residentes en el extranjero para votar. (I)