Países Bajos, de ejemplo democrático al escrutinio por supuestas falencias en su Estado de derecho

Aunque políticos de Países Bajos siempre habían tomado como bandera el Estado de derecho que se vivía en este territorio, ahora por primera vez en su historia habrá un escrutinio externo, internacional e independiente de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, para realizar un análisis exhaustivo de la situación.

El promotor de esta decisión sin precedentes, que logró el respaldo de la mayor parte del Congreso neerlandés, es el diputado democristiano Pieter Omtzigt, político que registró 600 preguntas parlamentarias, codo con codo con la letrada española Eva González Pérez, para movilizar el debate nacional y sacar a la luz el mayor escándalo institucional, político y social de la década del primer ministro Mark Rutte, rodeado de sospechas de discriminación e ilegalidades.

El análisis lo harán los expertos de la Comisión de Venecia, un órgano asesor del Consejo de Europa especializado en supervisar los derechos humanos y la democracia desde Estrasburgo, y del que Países Bajos es miembro desde 1992, aunque nunca había pedido un consejo de este organismo sobre el funcionamiento de su propio sistema democrático.

La razón principal de este escrutinio es la gestión por parte de los diferentes poderes del Estado del escándalo en el que la Agencia Tributaria acusó sin fundamentos a unos 30.000 padres de fraude fiscal y los obligó a devolver decenas de miles de euros que habían recibido en años anteriores en concepto de ayudas para los cuidados de sus hijos, una encrucijada que condujo a muchas familias a la ruina, endeudándose o perdiendo su casa.

En una entrevista con Efe, Omtzigt enumera “tres conclusiones impactantes” que le han empujado a poner bajo la lupa a su propio país: “La primera es que el Estado de derecho está en juego en Países Bajos, es lo que concluyó una comisión parlamentaria y eso es muy grave. Lo segundo es que las víctimas no lograron sus derechos en los tribunales, las Cortes administrativas no les protegieron y el gobierno les ocultaba documentos”.

La tercera razón es que el Parlamento neerlandés y la prensa local “obtuvieron información incorrecta, incompleta y a destiempo” por parte del Gobierno de Rutte cuando preguntaban sobre lo que estaba ocurriendo.

Un escándalo que empezó en 2014

En junio de 2017, cuando la abogada recurrió a él en un correo electrónico, Omtzigt “estaba un poco sorprendido, el tema no parecía 100 % creíble, pero sonaba bastante grave que la Agencia Tributaria estuviera haciendo eso”. Pero la letrada era “muy precisa con los datos” que había reunido desde 2014, cuando empezó a defender a decenas de víctimas.

“Si tienes un conflicto con la Hacienda neerlandesa, te deben contestar en cuestión de seis semanas, y reevaluar tu caso, pero les llevaba 18 meses, y no están autorizados a paralizar las ayudas sin una investigación. Me enseñó parte de la verdad y entendí que era un tema muy serio, así que empecé a hacer preguntas parlamentarias una semana después. Registré 23 veces una media de 25 preguntas cada vez, así que unas 600 en total”, denuncia.

El gobierno “evitó muchas preguntas y contestó incorrectamente a algunas”. Y no solo el poder ejecutivo, también el judicial: “Por la manera en la que gestionó los casos, y es algo que admitieron después, daban por hecho que el Gobierno y la Agencia Tributaria siempre tenían razón. Les llevó mucho tiempo darse cuenta de que se estaban violando derechos de los ciudadanos”, resume.

Las autoridades fiscales no solo ocultaron información al Tribunal Administrativo cuando no pusieron a su disposición todo el dosier, es que “el gobierno incluso dio instrucciones para que no mostraran todo el archivo a los jueces, así que no tenían toda la información cuando tuvieron que dictar sentencia” en los casos de los padres que recurrieron a la Justicia, denuncia.

Además, la Agencia Tributaria explicó erróneamente la ley a los padres, diciéndoles que “si cometen un error, aunque sea administrativo y pequeño, tienen que devolver todo lo del año entero y pagar extras”, lo que supuso que “por un error de 50 euros, debían devolver 10.000 euros” y el propio gobierno defendió que esto era “la ley”.

Después de que Rutte anunciara la dimisión en bloque de todo el gobierno, hace dos semanas, resultó que “eso era una recomendación legal del gobierno, una interpretación suya de la ley”, lamenta Omtzigt.

Del país al resto de Europa

La Agencia Tributaria tenía una “lista negra de potencias defraudadores”, generalmente ciudadanos holandeses con doble nacionalidad, lo que hacía que no solo estuvieran mucho más controlados por las autoridades fiscales, sino que estas “difundían la palabra” a las viviendas sociales, los tribunales, y todas las instituciones, lo que era una mancha que los acompañaba a todas partes.

La Comisión de Venecia buscará pesquisas y opinará sobre el funcionamiento del Estado de derecho en Países Bajos, un sistema democrático en el que la confianza ciudadana se vio minada por un escándalo rodeado de sospechas de discriminación y de ilegalidades, y con un problema de fondo aún sin pendiente y con las víctimas tratando de llevar ante la justicia a ministros y funcionarios de Hacienda, involucrados en el escándalo.

“Necesito un análisis independiente sobre gobierno, tribunales y el propio parlamento”, sentencia Omtzigt, sobre un escrutinio que pone a Rutte ante una paradoja europea.

Durante las negociaciones del presupuesto europeo y del fondo de reconstrucción pospandemia, Rutte tuvo constantes choques con Hungría y Polonia precisamente por su insistencia a vincular la recepción de ayudas comunitarias al respecto al Estado de derecho, una cuestión que protagonizó grandes tensiones en Bruselas y que le ganó la animadversión del húngaro Viktor Orban, que bautizó a su homólogo como “aquel tipo holandés”. (I)