Facilitar que los ecuatorianos residentes en el exterior puedan acudir a las urnas en medio de las restricciones sanitarias por la pandemia, la no impresión de las papeletas para elegir los parlamentarios andinos y ajustar el funcionamiento del Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) son las actividades que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe resolver en la recta final de la organización de la jornada electoral que se efectuará este domingo 7 de febrero.

El 12 de marzo de 2020, el Consejo se declaró en periodo electoral, y en los últimos once meses que lleva la organización de los comicios, el trabajo de los cinco consejeros ha estado marcado por tropiezos políticos internos, presupuestarios, logísticos, a los que se sumó la pandemia.

De estos factores lograron subsanar por la coyuntura en la que están inmersos: la división interna.

El consejero José Cabrera reconoció que los cinco dialogaron sobre la situación nacional, la importancia de la institucionalidad y la estabilidad democrática.

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El litigio que mantiene el movimiento político Justicia Social en contra de sus decisiones había sido una de las atenuantes.

Tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a favor del movimiento, que obligó al Consejo a implementar medidas de reparación integral para que puedan inscribir candidatos fuera del plazo que se fijó en el calendario, los presionó a tomar una postura para evitar dilaciones en el proceso electoral.

Por este caso, los cuatro consejeros incluso enfrentan una posible destitución de sus cargos, en el trámite de una denuncia de infracción electoral planteada por Justicia Social, que fue tramitada por el juez Ángel Torres.

Aún falta que se pronuncie el pleno de los jueces, que será un fallo de última instancia. De esto se libró la consejera Esthela Acero, quien se ha abstenido en la aprobación de las resoluciones.

Desde que fueron posesionados en el 2019, en un extremo estaban Diana Atamaint, Esthela Acero y José Cabrera, y en el otro, Luis Verdesoto y Enrique Pita.

Pero en los últimos meses, Pita, Verdesoto, Cabrera, Atamaint se reúnen previamente y llegan a acuerdos, antes de someterlos a aprobación del pleno.

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Extraoficialmente se conoce que estos diálogos han dado 'fluidez' en la toma de las resoluciones.

Según Cabrera, el acuerdo fue "dar tranquilidad al país y dejar de lado los conflictos, las cuestiones personales y comenzar a trabajar en conjunto".

Pese a ello, a seis días de que los 13'099. 150 electores empadronados acudan a las urnas a elegir binomio presidencial y asambleístas, se les presentaron nuevos problemas.

Aunque el voto no es obligatorio para los ecuatorianos residentes en el extranjero, la Embajada de Ecuador en Panamá alertó de que el Gobierno de ese país no autorizó que se lleve a cabo el evento electoral, porque el domingo rige cuarentena total.

Estas medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 también se advierten en Perú, Venezuela, Nicaragua, en donde suman unos 12.600 votantes, pero hasta el momento, el CNE no ha decidido qué hará para garantizar la jornada.

Se han producido reuniones entre los consejeros y el canciller Luis Gallegos, cuyas resoluciones se desconocen.

Mientras, el TCE negó el viernes pasado un recurso contencioso impulsado por Justicia Social para que se ordene al Consejo que le dé más de un día para inscribir a sus candidatos al Parlamento Andino.

El CNE le dio un día para hacerlo, pero el grupo político pide más. El TCE cerró el tema y archivó el caso.

El trámite de estas impugnaciones impidió que el Instituto Geográfico Militar (IGM) realizara a tiempo la impresión las papeletas para elegir a esta dignidad; e incluso el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, adelantó que el IGM ya no alcanzaría a hacerlo.

Pero la presidenta del CNE informó que ayer que el IGM inició la impresión de las papeletas para parlamentarios andinos, las cuales serían distribuidas en los próximos días. En su mensaje de Twitter garantizaba la elección de esta dignidad el domingo próximo.

Otra actividad que concentra la atención de los consejeros es que el sistema de escrutinio para la divulgación de resultados no experimente fallas técnicas, como las que se vieron en las elecciones seccionales del 2019, cuando se produjo un 'apagón' entre las 19:30 del 24 de marzo (día de las elecciones), hasta casi la media tarde del 25 de marzo.

A esa falla se la denominó 'el apagón', aunque Atamaint lo ha negado.

Para estas elecciones, el sistema informático que se usará no fue objeto de renovaciones por los retrasos en la asignación del presupuesto por la crisis económica, lo que impidió concretar contrataciones de adquisición de servidores, por ejemplo.

Aunque, después de los dos simulacros nacionales, del 17 y el 24 de enero, habría funcionado con 'éxito', dicen los vocales.

Según Cabrera, el simulacro arrojó resultados "exitosos", a la par que el consejero Verdesoto dijo que les "ha ido bien".

Soportó 'cargas de estrés', pruebas de ataques informáticos, y en general "con el equipamiento que se tiene, está saliendo bien hasta ahora", mencionó Verdesoto.

Los informes de los departamentos técnicos sobre esta actividad se mantienen en reserva.

Conflictos en un año electoral

Contraloría advirtió sobre movimientos

Una auditoría preliminar de la Contraloría advertía en agosto del 2019 al CNE que Justicia Social, Podemos, Compromiso Social y Libertad es Pueblo debían perder su personería jurídica por anomalías en las firmas de inscripción. Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero resolvieron eliminarlos un día antes de la convocatoria a elecciones, por la amenaza de destitución al no acatar las recomendaciones del órgano de control.

Fractura en la Función Electoral

Entre octubre y noviembre, el TCE ratifica la personería a tres movimientos, y extingue a Libertad es Pueblo. Justicia Social es absorbida por el político Álvaro Noboa, que buscaba un movimiento para lanzar su candidatura presidencial. El CNE no permite inscribir nuevas candidaturas, solo las ingresadas en democracia interna. El TCE ordena medidas de reparación para que les dejen inscribir candidatos. La Función Electoral se fracturó.

Jueces denuncian a consejeros

Los jueces del TCE enviaron el expediente a la Fiscalía para que se investigue a los consejeros Enrique Pita, Diana Atamaint, José Cabrera y Luis Verdesoto por el presunto delito de incumplir órdenes de autoridad competente, porque consideran que no se cumplió con la reparación integral.

Retraso en definición de presupuesto

La definición del presupuesto electoral se discutía desde febrero del 2020. Diana Atamaint proyectó un monto de $ 170 millones, que el Gobierno criticó. Lo bajó a $ 145 millones, a $ 123 millones, a $ 114 millones. Nueve meses después, el Ministerio de Finanzas le aprobó $ 91 millones. Atamaint dijo que al momento requerían de $ 8 millones para pagar a proveedores, Policía y Fuerzas Armadas, pero no hay dinero.

Despidos de personal

La pérdida del personal por falta de presupuesto también afectó al CNE. En octubre del 2019 se despidió a 570 trabajadores, y en agosto del 2020 se planificó una optimización de $ 1'538.191 en la supresión de puestos. José Cabrera es uno de los vocales que reclama la falta de personal experimentado, que poseía el CNE.

El error en la impresión de papeletas

El IGM llevaba 6'244.000 papeletas de binomio presidencial impresas y el 13 de enero se descubre que había un error en el logotipo del movimiento Amigo. Se tuvo que volver a imprimir papeletas con un nuevo distintivo, y se desconoce cuándo el CNE destruirá ese material electoral. El error costó un contrato adicional por más de $ 400.000. (I)