Santiago Salazar Moreno, juez de la Unidad Judicial Tercera contra la Violencia a la Mujer o Miembros del núcleo Familiar de Portoviejo, dio paso a una medida cautelar a favor del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando.

Esta resolución deja en suspenso la destitución que dispuso el pasado viernes el juez Ángel Tapia Vélez, titular de la unidad Judicial Multicompetente del cantón Puebloviejo, de la provincia de Los Ríos.

Tito Álvarez, representante de la empresa Ranicor S.A., presentó una demanda contra el prefecto Orlando por el término unilateral del contrato de la obra del Sistema de Riego y Drenaje Tecnificado San Agustín – Los Caras – Km 20, cuyo costo es de aproximadamente 14 millones de dólares y que se viene ejecutando desde el 2017.

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El año pasado, la Prefectura dispuso la suspensión unilateral del proyecto, que de acuerdo a Álvarez lleva un avance del 75%.

Por su parte, Orlando había manifestado no se había ejecutado la obra tal como se había reportado en un inicio.

Álvarez insistió que lo dispuesto por el juez de Portoviejo sería ilegal, esto dentro de lo enmarcado en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y que ahora el pleno del Consejo Provincial de Manabí tiene cinco días contados a partir de este lunes para dar paso a la sucesión del Gobierno Provincial a Kelly Buenaventura, actual viceprefecta de Manabí. (I)