La calificación de candidaturas a las elecciones generales para el 2021 por el movimiento Justicia Social y de su binomio presidencial Álvaro Noboa y Gino Cornejo, sigue aún sujeta a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hasta hoy, el movimiento puede apelar el fallo del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Joaquín Viteri, del 26 de diciembre último, en el que dispuso al CNE dar cumplimiento a la sentencia del 8 de diciembre, bajo los siguientes términos: "Precisar las circunscripciones electorales y candidaturas que deben cumplir democracia interna, designación de candidatos y aceptación; y, precisar la circunscripciones electorales y dignidades de elección popular, en las que se presentó solicitudes de inscripción de candidaturas nacionales, provinciales o del exterior para su posterior calificación".

Esto dejó sin efecto una resolución del 11 de noviembre del CNE en la que se decidió continuar con la calificación de las candidaturas inscritas en los plazos establecidos en el calendario electoral y no nuevas.

Pero se dejó en firme una primera decisión del CNE del 5 de noviembre que, para cumplir una sentencia del TCE del 30 de octubre, dio a Justicia Social cinco días para que elija candidatos en las provincias en las que no hizo democracia interna, dos días para la aceptación de las postulaciones y ocho días para la inscripción.

Según Viteri esa resolución concluye que el Consejo "no incurrió" en incumplimiento de la sentencia del 30 de octubre, como lo denuncia Justicia Social.

Sin embargo -en ese plazo de cinco días- el movimiento ingresó el 7 de noviembre, la documentación de Álvaro Noboa y Gino Cornejo para su inscripción como precandidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

En ese contexto, a 48 horas de que inicie la campaña electoral, los consejeros electorales deberán revisar la validez de dicha inscripción, ya que Viteri ordena que precise aquellas candidaturas en las que se presentaron solicitudes de inscripción nacionales, provinciales o del exterior para su calificación.

Uno de los pedidos que no aceptó el juez, es que Justicia Social realice democracia interna en las 24 provincias, pues se "infiere la intención de desconocer sus propios procesos de democracia interna, lo que implica la inminente vulneración de los derechos de participación". (I)