'No existe una sola razón para postergar las elecciones' acuerdan presidentes del CNE y del TCE, tras reunión para definir una salida al conflicto político

Después de una reunión de casi dos horas, los titulares de la Función Electoral suscribieron un acuerdo para ratificar que las elecciones generales de febrero del 2021 "no pueden postergarse".

La declaración contenida en un comunicado de un párrafo se divulgó después de un encuentro reservado que mantuvieron este 24 de diciembre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, tras las divergencias producidas entre ambas instituciones por la aplicación de una sentencia que obliga a adoptar medidas de reparación integral a favor del movimiento político Justicia Social.

Dicha sentencia obliga al CNE a habilitar plazos que esa agrupación política pueda realizar democracia interna y elegir sus candidatos, para luego inscribirlos y que sean calificados. Su aspiración al darse estos nuevos plazos, es inscribir como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República a Álvaro Noboa y Gino Cornejo.

El Consejo considera dicha sentencia "inejecutable", porque los plazos para abrir esas etapas "precluyeron" y que afectarían al calendario electoral y podrían posponer la fecha de las votaciones prevista para el 7 de febrero del 2021. El CNE calificó esa sentencia, y los autos de ejecución subsiguientes, como una intromisión en sus funciones administrativas, por lo que presentaron una demanda de conflicto de competencias en la Corte Constitucional (CC).

En ese contexto, las dos autoridades se reunieron esta mañana a vísperas de Navidad, y tras el encuentro, Atamaint expresó que "el interés superior en estos días de fin de Año, y para el 2021 es cuidar la democracia. Llevar adelante elecciones transparentes, seguras y confiables y de la misma manera dar este mensaje a nivel internacional. Las autoridades electorales estamos comprometidos y conscientes de que debemos cuidar este proceso para que se lleve de la mejor manera".

Añadió: "Le decimos al país y a todos los ecuatorianos que las elecciones del 2021 no se postergarán ni se modificará el calendario electoral. Esa es la certeza y la seguridad que queremos brindar al país, a las organizaciones políticas y a los candidatos que están a puertas de entrar a la campaña electoral".

Cabrera, en un corto mensaje, señaló: "El interés de la nación es contar con unas elecciones que se realicen el 7 de febrero del 2021. No existe una sola razón para su postergación y es obligación de todos los servidores electorales, consejeros y jueces, de contribuir a que el proceso se desarrolle en los tiempos y con el cronograma previsto".

Cabrera y Atamaint no dieron más declaraciones; por lo que tampoco se explicó cómo se ejecutará la sentencia que favorece a Justicia Social.

El consejero Luis Verdesoto en un tuit publicado después de la reunión, escribió: "Día importante para la democracia ecuatoriana. Los intereses superiores de la nación han primado. La Función Electoral reafirma su compromiso por unas elecciones limpias, transparentes y en estricto apego al calendario electoral".

Cabrera llegó la mañana de este jueves hasta la sede del CNE en Quito para "visitar" a la presidenta Atamaint e "iniciar un diálogo que encuentre salidas".

En declaraciones a periodistas dijo que no conocía aún cuál pueda ser esa salida, pero el objetivo es que "las elecciones se hagan, las elecciones no pueden postergarse, no pueden cambiarse y el deber primario de todos es garantizar que el proceso se realice".

"Espero que la ciudadanía comprenda que no es tozudez, ni empeños de quién se sale con la suya. Es imposible regresar al 29 de octubre, es imposible regresar a esa fecha. Existen actos administrativos iniciados que no pueden detenerse, esos tienen que seguir. Los de la Fiscalía en contra de los jueces, de la Fiscalía en contra de los consejeros, la consulta a la Corte Constitucional, pero el principal proceso debe continuar", acotó Cabrera.

A su criterio, la sentencia del 30 de octubre a favor de Justicia Social, en la que se ordenó medidas de reparación integral para que el movimiento inscriba candidatos "no complica nada", indicó.

"La sentencia del 30 de octubre dictó medidas de reparación en una época oportuna frente a la violación de derechos de una organización política. No dispone inscripción de candidtura alguna, ni dispone que se modifique el calendario. Estamos hablando del 30 de octubre. Es cierto, el TCE ya se pronunció y he manifestado que el proceso no tiene pretexto para no realizarse, vengo a buscar un diálogo en el que ojalá encontremos soluciones", indicó.

Investigación previa en contra de cuatro consejeros del CNE

La mañana de este 24 de diciembre estaba previsto que Jimmy Salazar, director nacional del movimiento Justicia Social reconozca su firma y rinda versión en la Fiscalía General por una denuncia que planteó en contra de cuatro consejeros del CNE, por el delito de presunto "incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente".

La denuncia se interpuso en contra de los consejeros Enrique Pita, Diana Atamaint, José Cabrera y Luis Verdesoto, a quienes acusan de no cumplir con la sentencia del TCE, para que ellos realicen sus elecciones internas.

Este jueves también estaba convocado el abogado Jairo Lalaleo, otro denunciante. Según se informó, tanto él como Salazar cumplieron con el procedimiento solicitado por la Fiscalía, dentro de esta indagación.

Aunque se conoció que un directivo de la organización política había manifestado que por falta de coordinación Salazar no había podido asistir.

La próxima semana están convocados Sylka Sánchez, vocera de Justicia Social, Fernando Balda, activista político y Pablo Ricaurte, director de un movimiento político L.I.D.E.R, quienes denunciaron a los cuatro vocales alrededor de este hecho.

La Fiscalía acumuló la denuncia en una sola, por estar relacionada con el movimiento político. (I)