Tras una ola de delitos desatada las dos últimas semanas, ayer se integraron a las tareas de seguridad 550 uniformados. Los municipios de Samborondón y Quito también alistan planes para bajar los índices de criminalidad en sus jurisdicciones y aumentar la seguridad. Antes que salgan a las calles, se sometieron a pruebas para detectar si estaban contagiados de COVID-19. La Alcaldía de Guayaquil informó que la llegada de los uniformados le costará a la ciudad 2,5 millones de dólares.