Ya son cinco meses que Andrés, de 30 años, tiene reducida su jornada al 30%, es decir, labora por seis horas al día. Aún le restan siete meses más de reducción, plazo al que se acogió la empresa privada donde labora.

La Ley de Apoyo Humanitario establece la reducción de la jornada hasta el 50% por un año con la opción de renovarse por el mismo período. Y el Acuerdo MDT-2020-133, expedido por el Ministerio de Trabajo, da las directrices para su aplicación, entre ellas, que el empleador registre la reducción emergente en el Sistema Único de Trabajo (SUT).

Y ese registro le llegó al correo electrónico de Andrés en junio. Espera que su reducción culmine en cerca de siete meses y no se renueve.

"Me afecta porque yo estaba acostumbrado a un estilo de vida estable, no cómodo, sí estable, y con esto de la pandemia COVID-19 te toca ajustarse con lo que tienes, y espero poder tener algo más de dinero con el décimo de diciembre y marzo. Ojalá la empresa no se acoja a la renovación porque a pesar de tener tu sueldo y todo, la carga laboral es bien pesada", menciona.

Publicidad

Andrés es parte de los 66.316 contratos con jornada reducida desde el 22 de junio al 5 de noviembre, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo.

Estos trabajadores, desde que las empresas se acogieron a esa modalidad, perciben su salario y aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la misma proporción de las horas trabajadas. Y en consecuencia de igual manera con el décimo tercer sueldo.

Hasta el pasado 3 de agosto eran solo 9.319 trabajadores con jornada reducida y en un poco más de tres meses se sumaron 56.000 personas.

Para esta modalidad no se requiere de un acuerdo previo con los trabajadores para adherirse a la medida, pero el empleador debe comunicarlo.

"Los beneficios de Ley, esto es, las remuneraciones adicionales, vacaciones, fondos de reserva o utilidades se deberán pagar conforme lo establece el artículo 82 del Código de Trabajo, de las horas establecidas en la reducción emergente de la jornada de trabajo", señala el acuerdo ministerial.

En caso de despido intempestivo, durante la reducción de la jornada laboral, las indemnizaciones, bonificación por desahucio y otras beneficios se calcularán sobre la última remuneración mensual percibida por el trabajador. Es decir, que se calcula con los ingresos que no fueron modificados. (I)