Remediar el daño ambiental de unas 14.000 hectáreas de tierra de la zona norte de Esmeraldas costaría unos $3000 millones al Estado, expusieron representantes de las comunidades afrodescendientes de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo y Acción Ecológica durante un plantón realizado en la Corte Constitucional, este miércoles 24 de noviembre, en Quito.

Kleber Santana, de la Pastoral Social, detalló que un estudio de la Universidad Católica reveló la extensión de terrenos afectados por la minería extractora de oro a cielo abierto, palmicultoras y de maderas.

El principal daño ecológico es por los 52 frentes mineros que utilizan químicos para el proceso de oro que deriva en la contaminación de los ríos, explicó José Ponce, dirigente de las comunidades de Borbón.

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A esto se suma el reciente caso de la muerte de cinco personas , empleo informal incluidos niños, explotación laboral, problemas de salud y carencia de servicios básicos, detalló Enrique Valencia, otro representante de las comunidades afro.

En el plantón, Fred Larréategui, abogado defensor de estas comunidades, e Isabel Padilla, de la Pastoral Social de Esmeraldas, presentaron un escrito para exhortar a la Corte Constitucional admita la acción de protección vigente de abril 2019, que exige sanciones por incumplimiento de las medidas cautelares del 2011.

También pidieron un pronunciamiento sobre la remediación ambiental y atención a las comunidades, expresó Natalia Bonilla, de Acción Ecológica.

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Además, José Ponce demandó que las autoridades y el Estado detengan la explotación minera y se revisen las condiciones expedidas. (I)