Entre pedidos de que se declare el estado de inocencia de los procesados, que no hay delito de peculado ni perjuicio para el Estado o que las acusaciones de la Fiscalía carecen de sustento jurídico, este lunes 12 de octubre, se reinstaló la audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en contra del ex vicepresidente Jorge Glas, los ex ministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor, la hija de este último Silvana Pástor y otras 11 personas más por el presunto delito de peculado, dentro del denominado caso petrolero Singue.

La audiencia se había suspendido en marzo pasado por la presencia del coronavirus en Ecuador.

Tras los alegatos de apertura de la Fiscalía y de los abogados de los involucrados, el fiscal (s) Wilson Toainga, llamó a la testigo Diana Ontaneda, de la Contraloría para que se refiera al examen especial contractual de la exploración y explotación de campos petroleros, entre ellos, Singue.

Ella sostuvo que la tarifa fue inicialmente por $34.50 y en la negociación se acordó $33.50.

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El peculado investigado habría nacido el 30 de abril de 2012 cuando la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del Bloque Singue, dentro de la Décima Ronda Petrolera. Fiscalía sostiene que en la adjudicación se cometieron irregularidades.

El Tribunal de la CNJ lo integran los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra.

El magistrado León informó que tres días demorarán los alegatos de apertura y la presentación de pruebas de la Fiscalía.

Desde el jueves 15 de octubre, presentarán su prueba los defensores técnicos de las demás partes procesales y un día los alegatos finales

En los alegatos de apertura, Toainga, señaló que probará que los 15 procesados adecuaron su conducta al delito de peculado pues participaron en el contrato mediante el cual se adjudicó la exploración y explotación del campo Singue.

Además que el perjuicio se habría producido al fijar un precio de $33.5 por barril producido y no tomar en cuenta las reservas probadas del hidrocarburo.

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También que durante el proceso de adjudicación, la empresa ganadora no cumplió con los requisitos y la experiencia solicitadas, lo cual fue inobservado.

Nataly Cevallos, de la Procuraduría, anunció que probará que el grupo de negociación estableció una tarifa de barril de petróleo perjudicial para el Estado, que los servidores públicos abusaron de los fondos y utilizaron de manera inadecuada el petróleo, que el perjuicio económico fue de más de $28 millones.

Wilson Espín, de la Contraloría, sostuvo que en la etapa precontractual, la entidad emitió un informe en el que se explicó que el consorcio DGC no cumplía con todos los requisitos y que la oferta perjudicaba al Estado.

La audiencia de juzgamiento continuará durante esta semana. (I).