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La Conaie presenta denuncia contra el Estado por los hechos de octubre del 2019

El gobierno negó uso excesivo de la fuerza, como lo mencionó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

QUITO. Foto de archivo del pasado 9 de octubre de 2019, cuando sucedieron múltipes protestas en Ecuador por al anuncio de la eliminación del subsidio a los combustibles, que finalmente quedó insubsistente. Las protestas dejaron varios muertos, personas heridas y grandes pérdidas económicas. Foto: redaccion

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentará una denuncia ante la Fiscalía General contra el Estado ecuatoriano "por las graves vulneraciones a los derechos humanos", en las protestas y paralización de octubre del 2019, este lunes 12, a las 11:30.

Desde los hechos de octubre, la Conaie sostiene que el Estado es responsable de una "brutal represión" que dejó mutilados y muertos durante los días en que protestaban en contra de las medidas económicas del actual gobierno, entre el 3 y el 13 de octubre pasado.

"No quedará impune la política de violencia, represión, intimidación, persecución y criminalización con la que actuó el gobierno de Lenín Moreno y el abuso de autoridad ordenando la represión atroz sobre el pueblo, con responsabilidad directa de los ministros de Gobierno, María Paula Romo; y Defensa, Oswaldo Jarrín, por cometer delitos de lesa humanidad contra indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes, mujeres, niños y mayores", señaló la Conaie, en una Declaratoria realizada este 4 de octubre, al calificar a este, como el "mes de la resistencia indígena y popular".

Sobre los hechos de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado una reparación integral de la víctimas y, al ingual que la organización Amnistía Internacional, señaló que hubo uso excesivo de la fuerza.

Desde el inicio, las cifras de fallecidos y las causas de las muertes, registradas del gobierno y las cifras de la Conaie con las organizaciones de Derechos Humanos en el país, incluida la Defensoría del Pueblo, no concordaron.

Además, las autoridades de gobierno negaron que haya existido uso excesivo de la fuerza. Pese al informe de la CIDH y el pronunciamiento de Amnistía Internacional, los ministros de Gobierno, María Paula Romo, de Defensa Oswaldo Jarrín y el canciller José Valencia, rechazaron el informe de la Comisión.

Tras las protestas de octubre, el Ministerio de Defensa actualizó el reglamento para el uso progresivo de la fuerza militar, con el Acuerdo 179. Sin embargo, su aplicación se encuentra suspendida por la Corte Constitucional, mientras son resueltas las demandas de inconstitucionalidad en contra de esta normativa. (I)

Redacción
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