El ahora exasambleísta Daniel Mendoza en un testimonio anticipado de casi tres horas ratificó lo que dijo en sus cinco versiones entregadas durante la instrucción fiscal sobre que el exlegislador Eliseo Azuero, como cabeza de los legisladores de la Bancada de Acción Democrática Independiente (Badi), recibió dinero de coimas de proyectos en hospitales de Manabí como el de Bahía de Caráquez y Pedernales, que manejó el Servicio de Contratación de Obras (Secob) y que tenía un sistema para repartir los dineros de las coimas entre sus compañeros de bancada.

Pero además confirmó un secreto a voces del que casi ninguna autoridad quiere hablar: "la práctica de ofrecer espacios políticos a cambio de disciplina parlamentaria, a cambio de poder contar con votos suficientes para aprobar las diferentes necesidades legislativas que pueda tener el Gobierno de turno". Según Mendoza, esta práctica se dio durante todo este periodo y en diferentes momentos.

La última parte del testimonio del manabita se centró en el manejo del dinero producto de coimas que mantuvo Eliseo Azuero a través de su hombre de confianza y entonces exsubsecretario del Secob, Jorge Jalil, quien también es procesado y habría ayudado a mover el dinero que se recibía como coimas a través de empresas y luego los entregaba a los compañeros de bancada de Azuero.

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Mendoza hizo un mea culpa sobre su participación en el caso, pero aclaró que solo colaboró dando logística para que Azuero y su grupo pudieran cobrar cheques en BanEcuador. Asegura que lo hizo porque le pareció una forma para conseguir que cuando ya estén los proyectos en marcha le den la posibilidad de recomendar carpetas de manabitas que podrían trabajar como mano de obra no calificada en tareas de albañilería, carpintería...

Ahí recordó que Azuero le condicionó el apoyo de su bancada a una ley económica urgente denominada Código de Planificación de Finanzas Públicas, que trataba la mesa de Régimen Económico que presidía Mendoza, a que el manabita le ayude con gente de BanEcuador para el cobro de cheques con los que tuvieron dificultades por ya estar con dificultades por la pandemia.

"Lo más importante de todo esto, y se lo digo de corazón señor juez, es que ustedes puedan de alguna manera esto transparentarlo para que este sistema, esta metodología, esta forma de operar pueda cambiar y pueda corregirse. Soy consciente de las acciones que dentro de este proceso e investigación causaron el perjuicio que causaron a la diferentes familias, al país y a mi provincia", dijo.

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El exlegislador, quien se encuentra recluido en la Cárcel 4 de Quito, aseguró que la práctica de ofrecer espacios políticos a cambio de disciplina parlamentaria no solo se daba para la aprobación de leyes, sino también señaló que sucedía cuando existían diferentes tipos de juicios políticos. Él dijo conocerlo bien, pues fue parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea.

Según Mendoza, siempre que el sujeto enjuiciado quiere conseguir el apoyo de los diferentes integrantes de dicha Comisión había ya sea un operador político en calidad de asesor de la autoridad siendo sujeto de juicio que llegaba con ofrecimientos o la misma autoridad como tal.

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Archivo de juicio a Romo

"Lo recuerdo claramente que sucedió así cuando fue el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en donde había la solicitud mía de que se designe a Tito Nilton Mendoza como gobernador de la provincia de Manabí y era algo que no se terminaba de procesar hasta que la misma ministra (Romo) me dijo que lo procesaría una vez se archive su juicio", señaló.

Sobre ese caso, indicó Mendoza que en ese entonces Eliseo Azuero, como vicepresidente de la comisión que revisaba el caso en la Asamblea, era un defensor del archivo de ese juicio y terminó siendo el voto dirimente del él mismo que archivó dicho juicio "En fechas se podría corroborar que en el mismo día o en el día siguiente se designó a Tito Nilton Mendoza como Gobernador de Manabí".

En el teléfono entregado a Fiscalía, explicó Mendoza, se encontrarán imágenes que evidencian designaciones que se hacen, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Tránsito, así como en otro tipo de entidades. A su decir, estas designaciones, si bien dependen administrativamente al ministro del área, ese funcionario siempre debía tener el OK de la secretaría de la Política o del Ministerio de Gobierno.

Sobre esto tema comentó Mendoza y refirió que existen legisladores como él que recomiendan perfiles de personas que quieren que hagan un buen trabajo, un trabajo político o porque confían en su capacidad técnica, pero reconoció que también existen otros legisladores que, por ejemplo en lo que tiene que ver con los hospitales, no necesariamente recomiendan personas que ellos conozcan sino un nombre que reciben por parte de un proveedor de insumos médicos y a su vez eso va acompañado de un valor económico que el proveedor ofrece.

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La diligencia estuvo a cargo del juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, quien también escuchó los testimonios anticipados de Jean Carlos Benavides, exasesor de Mendoza, el ingeniero Franklin Calderón y de José Veliz Saltos, parte del Consorcio Pedernales-Manabí, a quien se le adjudicó la obra del hospital de Pedernales de 30 camas. (I)