Asamblea Nacional autoriza un juicio penal en contra de la asambleísta de Manabí, Karina Arteaga, por supuesto cobro de diezmos

La Asamblea Nacional con 101 votos autorizó el juicio penal en contra de la asambleísta, Karina Arteaga (ex AP), acusada de concusión por su ex asesora, Andrea Utreras, quien aseguró ante la Fiscalía General del Estado, que la representante de Manabí exigía dinero a sus colaboradores para pagar cuotas de su partido al que se pertenecía.

La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria la solicitó el juez de la sala especializada de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, por el delito de concusión denunciado en 2018.

Con 101 votos, la @AsambleaEcuador autoriza juicio penal en contra de la asambleísta Karina Arteaga (ex AP), acusada de concusión por su exasesora @andreautreras quien asegura que la legisladora pedía dinero para financiar al partido. Vía @vicenteopi pic.twitter.com/KeJZW7VrML

Diana Salazar, Fiscal General del Estado, solicitó al juez fije fecha y hora para la formulación de cargos contra Arteaga, por esa razón el juez David Jacho, pidió a la Asamblea que autorice el enjuiciamiento penal, cuyo plazo para la autorización vencía este 19 de septiembre.

La denunciante Utreras presentó la denuncia en octubre de 2018, donde dijo que la legisladora Karina Arteaga, pedía cada mes a sus colaboradores que reúnan $400 dólares para financiar la cuota que debía entregar a Alianza PAIS, movimiento por el cual llegó en el 2017 a la Asamblea Nacional.

La legisladora durante su intervención en la Asamblea, previo a la votación, aseguró que su caso cae en la persecución política de personas que no tienen ninguna calidad moral y de ética; y advirtió que la Fiscalía General del Estado se equivocó porque hizo la acusación ante la Corte Nacional de Justicia sin los elementos de convicción suficientes, sin evacuar pruebas y diligencias necesarias.

Dijo que la persecución política se puede determinar porque entre las pruebas que no se evacuaron al momento de formularle cargos estaba su propia versión; es decir, que no se escuchó la parte acusada lo cual atenta contra sus derechos, anotó. Que cinco meses después de la pretensión de formularle cargos, la Fiscalía recién solicitó su versión, de varios funcionarios y ex funcionarios de su despacho.

Por lo tanto, añadió que la Fiscalía primero solicitó formular cargos en su contra, luego de aquello, recién se acordó que debía evacuar pruebas básicas e indispensables y decidió regresar a la investigación.

Recalcó que no es un proceso objetivo e imparcial, que lo único que buscan es distraer al país con los verdaderos actos de corrupción que tienen asqueados a todos, y que frente a lo cual poco se ha hecho. Si la Fiscalía quiere continuar investigando que lo haga, pero tiene que reconocer que cometió un error gigante, al solicitar formular cargos cuando no había enviado diligencias y pruebas que hace poco presentó.

Dijo que a pesar que su proceso es una injusticia no le menoscaba su presunción de inocencia, como tampoco la condena un levantamiento de la inmunidad por un supuesto delito; además “no me tiemblan las piernas, tengo a Dios y a la verdad a mi favor”.

La asambleísta Karina Arteaga (ex AP) dice que el pedido de levantamiento de su inmunidad por concusión es persecución política; advierte que la @FiscaliaEcuador se equivocó y no recibió su versión. Que no tiene miedo a enfrentar a la justicia. @eluniversocom pic.twitter.com/E987mJe1uO

Más acusaciones

Karina Arteaga Muñoz también enfrenta dos denuncias adicionales. Una tambien ante la Fiscalía General del Estado presentada su ex asesora, Verónica Pinargote, en mayo de 2019, quien la acusó de exigirle la entrega de aportes mensuales por el valor de $2 861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora.

Adicionalmente, en febrero de 2020, el asambleísta Fabricio Villamar (ex CREO), exhibió otra denuncia ante la Presidencia de la Asamblea Nacional en contra de Arteaga Muñoz, por presunta gestión de cargos públicos; pues aseguró que varios parientes de la legisladora estarían trabajando en distintas instituciones del gobierno.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), calificó la denuncia en febrero pasado, y lo que resta es integrar la comisión multipartidista de investigación de tipo político. (I)