El 66 % de los grilletes electrónicos comprados en el 2016 están dañados, 1270 están en uso y solo hay 20 disponibles

De los 4000 dispositivos de vigilancia electrónica (DVE) adquiridos en el 2016 a un costo de $13,7 millones, 1270 están en uso más los 79 enviados para que la garantía cubra su avería. Un total de 2631 están dañados, según el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que maneja el monitoreo de quienes lo portan, con lo que solo veinte estaban disponibles hasta el 18 de agosto pasado.

Entre los que ya no sirven están los colocados al activista político Fernando Villavicencio, quien dice que llegó a recibir hasta veinte llamadas en un día debido a que el primer brazalete que tuvo entre octubre y noviembre del 2017, en el tobillo izquierdo, fallaba y no emitía señales de su localización. De ahí los llamados para saber dónde se encontraba.

La medida cautelar de llevar los DVE fue establecida en el Código Orgánico Integral Penal, vigente desde agosto del 2014, para garantizar la presencia del acusado en el juicio sin abusar de la prisión preventiva.

Villavicencio lo portó tras ser acusado de divulgación de información reservada. El primero se lo cambiaron, pero a los días de portar el nuevo la correa se zafó cuando se vestía, cuenta el investigador.

“Lo primero que pensé es que al romperse automáticamente se dispararía una alarma y me llamarían, pero nunca lo hicieron. Como mi interés no era escaparme, me compré cuatro rollos de cinta negra para sujetar el dispositivo a mi tobillo cuando salía de casa. Así estuve hasta que en marzo del 2018 establecieron mi inocencia”, asegura.

Otros sí eludieron en su momento la justicia como el caso del ex secretario de Comunicación durante el régimen de Rafael Correa, Fernando Alvarado, quien se retiró el brazalete del tobillo y huyó a Venezuela en el 2018.

En ese caso el DVE emitió, entre agosto y octubre de ese año, 245 alertas porque habría sido retirado, según un informe de la empresa encargada del funcionamiento de los aparatos entregado al que hasta ese entonces era el Ministerio de Justicia, pero aun así el control falló y no se determinaron responsabilidades.

Las tobilleras la tienen o tuvieron el expresidente de la República Abdalá Bucaram y el exprefecto del Guayas Carlos Luis Morales (+). También exministros, funcionarios, asesores y secretarios del correato como María de los Ángeles Duarte, Iván Espinel, Pamela Martínez, Alexis Mera y Laura Terán, al igual que la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, enjuiciada por rebelión con el exlegislador Virgilio Hernández.

En estos últimos casos se cuestionaba que se establezca el uso del DVE por el temor a que los procesados escapen, pero Julio César Cueva, especialista en materia penal, asegura que para la aplicación de esta medida cautelar se debe analizar cada situación por separado y que un control ineficiente no significa que el uso de estos dispositivos sea malo.

El SNAI reporta que los DVE han sido dañados por sus portadores con golpes o manipulaciones, como hacer que se filtre el agua en su interior, dañar los cargadores de pared o móviles o cortar la correa que lo sostiene al cuerpo del acusado, lo que no cubre la garantía.

El control, dice el SNAI, se hace “con turnos de operadores y supervisores las 24 horas del día, los 365 días del año”.

Cada DVE cuesta alrededor de $1200, más el servicio de comunicación, personal de monitoreo e instalación, indica la entidad, que respondió por correo los planteamientos enviados tras no concretar la entrevista solicitada por este Diario.

A más del SNAI también están involucradas en la operación y las acciones posteriores otras cuatro entidades: el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y el ECU911.

El problema, asegura Cueva, es que los equipos son malos o el posicionamiento por ratos se pierde y no emite señales en tiempo real.

“Entonces el responsable del monitoreo no se da ni por enterado de que la persona se está moviendo fuera de su rango de acción. Allí hay que sentar precedentes y sancionar de forma ejemplificadora a los que tenían la responsabilidad del monitoreo y no tomaron las medidas ante las alertas, no avisaron a tiempo”.

En el caso del ECU911 solo se facilita el espacio físico para que desde allí se haga el monitoreo con personal del SNAI. “Nosotros podíamos coordinar una emergencia si lo necesita o activación de cámaras que es lo que nos corresponde. No hacemos seguimiento a nadie. No entramos a la intimidad de las personas sin pedido del fiscal. La videovigilancia está para evitar que incidentes se conviertan en delitos”, dice Juan Zapata, su director general.

El SNAI responde respecto a las alarmas que estas “se despachan de manera inmediata con fichas policiales que se tramitan por medio del ECU911... Con la UPC más cercana a la ubicación del DVE se verifican los motivos de la alarma y dependiendo el caso la Policía Nacional procede a la captura o emite partes policiales”.

Cueva asegura que la medida cautelar de portar el grillete, al igual que el arresto domiciliario que implica también la colocación del DVE, la presentación periódica ante un juez o la prohibición de salida del país, tiene efectos positivos en el sistema judicial ya que por ejemplo, puede frenar el hacinamiento en las cárceles. “Hemos llegado al punto de que el 40 % de las personas privadas de libertad estaban con prisión preventiva, eso implica un abuso”.

Arresto domiciliario

Un total de 177 acusados de algún delito han estado en arresto domiciliario desde el 2016 y al momento 65 son monitoreados bajo esta modalidad que implica en la mayoría de los casos el uso del grillete, con corte al 18 de agosto pasado. Cuando hay pérdidas de señal, dice el SNAI, se procede a realizar llamadas inmediatas conectadas al Dispositivo de Vigilancia Electrónica (DVE), así como a establecer la denominada ‘geocerca’, que se ubica alrededor del domicilio para tener el control en el caso de que el procesado salga o cometa alguna infracción.

Seguimiento

El número de usuarios del grillete asciende a 5143 desde el 2017, cuando se habilitaron. Al 18 de agosto pasado había 127o personas que eran monitoreadas, según el SNAI. Las restricciones de movilidad deben ser determinadas por el juez competente, quien dictamina que la persona con esta medida no puede salir de la provincia o acercarse a lugares o personas determinados, según el caso. Cuando estas restricciones son establecidas también se crean ’geocercas’ en el sistema de vigilancia, que permiten controlar el cumplimiento de las disposiciones.

Orden judicial

El Sistema de Vigilancia Electrónica funciona como un conjunto de mecanismos tecnológicos que permiten la supervisión y el monitoreo de los usuarios del DVE en cumplimiento de una orden judicial que obliga a respetar restricciones de movilidad, libre circulación, permanecer en un lugar determinado (arresto domiciliario) o no acercarse a personas determinadas. (I)