"Daremos la respuesta que a otros casos que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores".

Así respondió la mañana de este jueves la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante la denuncia penal por fraude procesal que le interpuso, a ella y a otros miembros de la Policía, la Fiscalía y un juez de flagrancia, Carlos Miguel D.M, ciudadano que fue retenido el fin de semana en la localidad de Puembo (Pichincha) por mantener en su vivienda tres pistolas, dos fusiles, un rifle de uso especializado, 19 alimentadoras y 9 500 municiones.

Carlos Miguel D. M., representante de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A., en su denuncia refirió que descansaba en su domicilio cuando arribó alrededor de las 07:00 un escuadrón de la Policía con una orden de allanamiento.

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Ahí le habría explicado que "mediante información reservada de persona que no quiso identificarse por temor a represalias se tuvo conocimiento que, en la ciudad de Quito, parroquia Puembo, existirían dos inmuebles en los cuales estarían almacenando armas de fuego y munición que habrían ingresado al país de forma ilegal y no poseerían la respectiva documentación legal".

La ministra Romo se refirió al caso una vez que la jueza Geovanna Palacios, luego de una audiencia de flagrancia, lo dejó en libertad y abrió una investigación previa por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego. A la ministra le llamaba la atención la decisión judicial, pese al arsenal que se le encontró a Carlos Miguel D. M.

De acuerdo al denunciante esto es un ataque premeditado para bloquear sus actividades como gerente de la empresa a la que representa "por claros y evidentes intereses particulares de la ministra que en su momento tendrá que explicarlos al país". (I)