Desde la ciudadanía se preparan propuestas para mejorar condiciones en el agro

El abandono del agro es una historia de nunca acabar, dicen los campesinos. Coloquialmente lo comparan, con mofa y desilusión, con el cuento del ‘gallo pelón’.Un sector desatendido que pese a que produce el 80 % de los alimentos que se consumen en el país, concentra también el 71 % de la pobreza, según datos del 2014 de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (Senplades) .Es ahí donde también se concentra el 36 % de la población total del país y donde viven los pequeños y medianos agricultores que conforman la Agricultura Familiar Campesina (AFC) , con necesidades tan básicas como eternas.La falta de créditos, la ausencia de servicios básicos como salud, educación e infraestructura, por ejemplo, para un adecuado riego de las tierras, y muchas más, que esperan ser visibilizadas y atendidas.Con esta premisa nació el Pacto Social por la Vida y el Ecuador , una iniciativa ciudadana multisectorial impulsada por Fundación Esquel con la participación de más de 80 organizaciones que busca construir un plan nacional que abarque ocho temáticas: la recuperación de la economía y la preservación del trabajo, el cuidado de la salud y la constitución de un Sistema Nacional de Salud, la educación, el combate efectivo a la corrupción y a la impunidad, la preservación y conservación del ambiente desde una economía que no se agote en el extractivismo, el sistema de protección contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y las mujeres; la descentralización; y por supuesto, la seguridad alimentaria y la economía agrícola campesina.Es que en el campo no se vive, se sobrevive, dice preocupada Carmen Zapatier, presidenta de la Federación de Organizaciones Agropecuarias Montubias Maiceras de El Empalme (Foame) , que forman parte del Pacto.Desde su parcela confirma la falta de escuelas, de un buen tipo de viviendas, entre otras necesidades más graves aún, que la han motivado hasta a “tirar piedras” en las carreteras para ser escuchada, claro, sin éxito.Esta mujer campesina ve en este Pacto la posibilidad de lograr resultados reales.“Nosotros, los que estamos en la tierra, en los recintos y en las comunidades, somos los que planteamos al Ecuador la posible salida, la reestructuración de nuestro sector campesino”, expresa la dirigente, quien lamenta que los planes y políticas públicas sean inexistentes en el agro, pero lo que ya no lamenta es que no sean los únicos decididos a cambiar la situación.“Ya no solamente somos nosotros, ahora son sociólogos, ingenieros, exministros, exsubsecretarios los que también se están dando cuenta de que las actividades que realizan las AFC han sostenido al país y las que pueden sostenerlo en el futuro”, expresa esperanzada.Para Luis Andrango , campesino quichua de la comunidad Toruco del cantón Cotacachi, de la provincia de Imbabura, existe la necesidad de redistribuir las riquezas y reconocer el papel de los pequeños y medianos agricultores.Asegura que el 5 % de los propietarios concentra el 52 % de las tierras agrícolas, mientras que el 60 % de los pequeños productores es propietario solo del 6,4 % .“Ha habido una política más orientada al fomento de la agroexportación, y está bien en el sentido que eso genera ingresos para nuestro país. Sin embargo, nos parece que es momento de reconocer también y fomentar la AFC, esto pasa por una campaña de visibilización y reconocimiento”, justifica Andrango, quien ha sido presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y coordinador de la Cumbre Nacional por la Agricultura. Señala algunas propuestas dentro del Pacto. La primera es que el Estado aumente la inversión pública destinada al fortalecimiento de los sistemas de salud, educación y bienestar de los sectores rurales.Otra es desarrollar mecanismos de financiamiento de las iniciativas y planteamientos vinculados a las AFC. “Por la pandemia muchos campesinos, indígenas que laboraban en el sector urbano han decidido regresar a sus tierras y es necesario desarrollar una política de fomento”, explica.Añade la necesidad de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados decidan con eficiencia el proceso de articulación y fomento de iniciativas que garanticen el libre funcionamiento y ejercicio de ferias e intercambio de comercialización campesina.A esto se suma que las universidades desarrollen e inviertan en procesos de investigación agrícola, tanto pública como privada, y que fortalezcan un desarrollo tecnológico que permita mejorar los niveles de productividad y de ingresos para las familias campesinas. Milton Yulán, representante de la Unión Tierra y Vida , que representa a organizaciones de campesinos de la Costa, asegura que hay optimismo por la iniciativa.“Hay mucha esperanza de los campesinos para que se llegue a un pacto social y que se pueda dotar de todos los recursos que se necesitan”, dice el dirigente, quien también identifica las mismas necesidades: democratizar los créditos, el riego y la comercialización.Sin embargo, Yulán no olvida las promesas incumplidas y planes fracasados de Gobiernos anteriores y el actual, a los que califica como programas asistencialistas, “como paños de agua tibia”.Cita, por ejemplo, en la década pasada el programa Revolución Agraria, del que, según él, nunca se constataron resultados o se beneficiaron de esas políticas.Otro caso, agrega Yulán, es el Plan Tierras, que se aplica desde el 2010 cuando nació ofreciendo acceder a 2,5 millones de hectáreas, y a diez años de ejecución no ha podido legalizar más de 60 000 hectáreas, asegura. “Son fracasos, proyectos donde se invierte mucho dinero, pero los resultados a favor son muy pobres”, lamenta.En el actual Gobierno recuerda la Minga Agropecuaria, a su parecer también fallida. “Ya a estas alturas ni siquiera el propio Gobierno habla de la famosa Minga Agropecuaria, entonces hay una deuda histórica del Estado frente a la agricultura familiar campesina”, sostiene.En tanto, César Ulloa, de Fundación Esquel y coordinador nacional del Pacto Social por la Vida y el Ecuador , recuerda que la iniciativa nació después de los acontecimientos de octubre del 2019 como mesas ciudadanas denominadas Mesas de Convergencias.Tras meses de trabajo, en marzo pasado llegó la pandemia y con la suma de más organizaciones civiles se fortaleció la iniciativa y tomó forma de Pacto, que en menos de un mes entregará una propuesta nacional que abarcará las ocho temáticas que se desarrollan. (I)

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