La superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, explica cómo ha evolucionado el diferimiento de pagos en el sector cooperativo. Considera que la importante cantidad de recursos diferidos representa una positiva reacción de las entidades financieras, frente a las necesidades de sus clientes.

¿Cuál ha sido el comportamiento de los clientes de cooperativas frente al diferimiento de pagos?

La medida que se emitió desde el 22 de marzo se adoptó para darle alivio no solo a los deudores, sino que también permitió que las entidades del sistema financiero puedan ordenar la cartera que estaba siendo afectada por la pandemia y la paralización económica. Los resultados han sido interesantes. Bajo esta normativa se difirieron con corte a junio 787 417 operaciones por $6119 millones. Esta cifra es muy importante, pues es el 51 % de la cartera.

¿Son preocupantes las cifras porque hay riesgo de que no puedan responder luego con los pagos?

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No hay que ver la situación como que es el deudor el que no quiere pagar, sino que el sistema financiero reacciona de manera adecuada a una paralización de la economía y la imposibilidad, hasta física, del deudor de acercarse a hacer los pagos. La idea es que no se perjudique la cartera, pues si esta se deteriora la entidad financiera debe provisionar más. Tenemos un sistema financiero robusto, que ha podido soportar una medida que es brutal: dejar de cobrar los créditos por 60 días. Ahora es responsabilidad de los actores del sector normativo no contagiar la crisis económica al sistema financiero.

Los bancos han hablado de que su diferimiento fue de $1500 millones; ustedes tienen una cartera diferida de $6000 millones ¿Por qué?

Los principios del cooperativismo hacen que la lógica sea otra. Hay entidades que han diferido de manera automática a todos sus socios. Ha habido un esfuerzo de las entidades para apoyarlos.

¿En qué sectores productivos se dio la mayor parte de los diferimientos?

Si se separa la cifra por tipo de crédito, los mayores diferimientos fueron en el sector de consumo y microcrédito. En el primero hubo 436 000 operaciones diferidas, mientras en microcrédito llegaron a 329 000 operaciones. El 42 % era cartera de microcrédito, mientras el 56 % era consumo. Además se ha aplicado la facilidad a 19 000 operaciones de vivienda y 1900 operaciones de otro tipo de créditos.

En cuanto a los segmentos de las cooperativas, ¿cuál ha sido la respuesta?

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Si analizamos las cifras por segmentos, el 76,21 % del diferimiento del saldo está en el segmento 1 (más $80 millones de activos) de cooperativas y el 6,4 % en el segmento 1, pero de mutualistas. Hago esta diferenciación pues en este sector hay un importante componente de créditos de vivienda. Otro 12,72 % de la cartera diferida pertenece al segmento 2 (de $20 millones a $80 millones) y 4,48 % al segmento 3 (de $5 millones a $20 millones). El 4 (de $1 millón a $5 millones) y 5 (hasta $1 millón) tienen porcentajes marginales

Este es el resultado de la primera disposición de la Junta, ¿pero cómo se armoniza con lo que consta en la Ley Humanitaria?

En la Ley Humanitaria está el artículo 12, que crea una figura distinta: ya no habla del diferimiento sino de una reprogramación de cuotas por obligaciones. Aquí ya no solo aplica al sistema financiero, sino de otros actores que en el giro de su negocio pudieron haber dado crédito. Lo que manda la norma es que la Junta disponga en 10 días, contados a partir de la vigencia de la ley, que durante el periodo de vigencia del estado de excepción y 60 días después de terminado dicho periodo, todas las entidades incluidas las emisoras de tarjetas, y otras personas jurídicas -que por su giro de negocio han entregado créditos- puedan hacer acuerdos con sus clientes. Este es un siguiente paso en la cadena.

En este siguiente paso, ¿cuál es el horizonte que ustedes ven? ¿Podrán responder con los pagos?

No se puede saber aún cuál será el resultado, pues es un acuerdo entre cada acreedor y deudor. Ahora si el intermediario puede pedir la documentación y hacer un análisis del deudor para tomar la mejor decisión. Aún no podemos ver lo que será la aplicación objetiva de esta medida. Está recién vigente desde el 2 de julio la resolución. Por ahora vemos un interés importante de las instituciones para encontrar caminos de ir gestionando esa cartera.

¿El sector cooperativo hará uso de la herramienta Reactívate Ecuador para darles crédito a quienes no puedan pagar y así reprogramar las deudas existentes?

Dentro de la iniciativa Reactívate Ecuador pueden participar todos los actores. Estamos seguros de que no todo este 51 % necesariamente va a ir a reprogramación.

¿Desde cuándo empieza la reprogramación?

La norma está vigente, ya se envió una circular a las instituciones. La Junta da la posibilidad de que la Superintendencia atienda casos de duda y lo estamos haciendo. (I)