La integración del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua es una disposición que solo consta en la Ley de Recursos Hídricos, vigente desde el 2014, pero que no se ha cumplido.

Esta instancia está integrada por representantes del sector productivo de las Juntas de Agua Potable y Juntas de Riego que se eligen de los denominados Consejos de Cuenca.

Se suman también los delegados de los gobiernos provinciales, municipales, parroquiales, de las universidades o escuelas politécnicas; de los pueblos y nacionalidades: un indígena, un afroecuatoriano y un montuvio, y de las organizaciones ciudadanas de consumidores de servicios públicos.

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Estos actores deben ser elegidos por un periodo de dos años y ser reelegidos por una sola vez, y entre sus funciones consta, por ejemplo, ejercer "control social sobre la garantía y el ejercicio del derecho humano al agua y su distribución equitativa".

La elección de los miembros está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pero después de seis años de vigencia de la Ley, no existe el reglamento para proceder con ello.

Se conoce que en el 2015 fue parte de la planificación anual, pero no se concretó.

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De acuerdo con la rendición de cuentas de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) del 2019, se trabajó en una normativa para la designación, pero se declaró 'detenido' porque el Consejo de Participación suspendió su tratamiento.

Pese a que el Consejo de Participación es el que tiene a su cargo esta responsabilidad, aprobó el 27 de mayo pasado una resolución instando a la Función Ejecutiva a que sea una "prioridad la conformación" de esta instancia ciudadana.

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Senagua ya se fusionó a la cartera del Ambiente. Ayer se cumplió esa disposición que se había intentado concretar desde octubre del 2018. Ahora estas dos entidades son oficialmente una sola: el Ministerio del Ambiente y Agua. (I)