Aún no cumplía los 18 años cuando Ángel Torres Maldonado registró su primera afiliación al IESS, en enero de 1950. Entonces no se llamaba IESS, nombre que adoptó la institución el 10 de julio de 1970. "Se llamaba Caja del Seguro, después fue IESS", recuerda este jubilado de 88 años que vive en la ciudadela Bellavista, en el norte de Guayaquil.

El hoy Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se creó por decreto -con un presupuesto de 2420 sucres mensuales (484 dólares)- el 13 de marzo de 1928, durante el gobierno de Isidro Ayora. El primer nombre que recibió fue el de Caja de Jubilaciones o Caja de Pensiones.

Ese apelativo resumía su principal objetivo: garantizar para los cerca de 10 000 afiliados de entonces, y para los actuales 3,6 millones, los beneficios de jubilación, montepío y una ayuda para funerales.

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El IESS es una entidad donde está la fuerza laboral del país, no es cualquier entidad, no es del Estado, es de los afiliados", afirma Marco Proaño Maya, académico experto en Seguridad Social.

Él promueve la defensa de la Seguridad Social. "El Seguro Social protege a los ciudadanos de los riesgos propios de la condición humana, entre ellos, vejez, muerte, riesgos laborales, enfermedades", menciona Proaño Maya.

Estos logros -actualmente en peligro por una crisis económica del IESS que se agudizó con la actual pandemia de COVID-19- habían sido el resultado de años de lucha obrera, especialmente del magisterio, que desembocaron en la Revolución Juliana de 1925. A partir de entonces, lo social se consideraba política de Estado.

Desde aquella época surgió la actual confusión que han aprovechado los Gobiernos para usar políticamente a la entidad y que se han amparado en leyes y reformas, cree Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados del IESS.

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No hay una real comprensión de lo que es la Seguridad Social. Hay una confusión conceptual que se refleja en la normativa, no es lo mismo seguros sociales que seguridad social", dice Henry Llanes, directivo de una organización de afiliados.

Lo primero, explica Llanes, se fundamenta en una relación obrero-patrono, donde hay una dependencia laboral, y donde los aportes son de carácter privado; mientras que lo segundo responde a las políticas públicas que un Estado debe aplicar para que haya trabajo, salud, educación. "La Ley nunca diferenció, por eso es ambiguo, es contradictorio, es caótico", dice este analista al recordar los inicios del actual IESS.

Ecuador tenía en la década del 30 algo más de 2 millones de habitantes. El número de afiliados se acercaba a los 25 000 y los ingresos por los aportes crecían vertiginosamente: habían pasado de 36 336 sucres (7267 dólares) en 1928 a 668 997 sucres (132 213 dólares) en 1931.

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El IESS, entonces Caja de Pensiones, había nacido como entidad aseguradora, con patrimonio propio y diferenciado de los bienes del Estado, pero con un Consejo de Administración de mayoría público, integrado por ocho miembros, cinco de instituciones del Estado como el Ministerio de Previsión Social, Corte de Justicia, municipios, Ejército, Universidad Central, y apenas dos delegados de los empleados.

La tendencia se mantiene hasta hoy. El actual Consejo tripartito está dirigido por el delegado del presidente de la República, según se estableció desde la Constitución de 1998, y lo completan los representantes de empleadores y trabajadores, aunque este último sector no ha tenido delegado desde hace varios años.

"Han hecho mayoría con el representante de los empleadores y han dejado fuera al de los trabajadores", reclama Jorge Madera, exdirector del IESS y coordinador de la Mesa de Seguridad Social. También critica la llegada de delegados sin preparación.

Llegan (al Consejo Directivo) con consignas políticas sobre cómo usar al IESS, no cumplen con las funciones de legislar y fiscalizar", critica Jorge Madera, exdirectivo del IESS.

Las reformas que se hicieron a la Ley del Seguro Social Obligatorio, en los años 40, habían incorporado beneficios como la cobertura de salud y la creación de departamentos médicos.

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Ángel Torres, técnico de laboratorio, no se acuerda cuánto le descontaban de aporte mensual y tampoco conocía de los beneficios del Seguro Social en la década de los 50, cuando comenzó a trabajar en el hospital León Becerra de Guayaquil, luego pasó a la maternidad Enrique Sotomayor y más tarde a la Cruz Roja del Guayas.

"Vine a conocer los beneficios por el año 55 o 56, cuando me tocó atenderme en la Clínica de salud, de Chile y Colombia, ahí me operaron del apéndice y de la columna vertebral", recuerda Torres, quien tras salir de la Cruz Roja en 1978 se afilió voluntariamente al IESS hasta que se jubiló en 1998.

A mediados del siglo pasado la afiliación ya era obligatoria para todos los trabajadores y se habían creado nuevas prestaciones (maternidad, cesantía, orfandad, invalidez), pero la cantidad de asegurados aún era limitada, llegaba apenas al 3,25 de ecuatorianos, unos 104 000 afiliados.

Para entonces, en el gobierno de Carlos Arroyo del Río ya se había aprobado una ley que disponía el aporte del 40 % de parte del Estado para las pensiones del IESS. El objetivo era cubrir el déficit que presentaba la entidad, y que se agudizó en la década siguiente cuando, mediante una resolución de 1968, se había incorporado a los campesinos y se había hecho extensiva la atención médica a los cónyuges e hijos de los afiliados.

Sin embargo, dice Llanes, la "estocada final" ocurrió al promulgarse la Ley del Seguro Social del 2001, que permitió nuevas formas de seguro médico público o privado. "Le metieron gente al Seguro Social, al Seguro Campesino, pesca artesanal.., esa política de subsidios nos cargó a nosotros, es un acto irresponsable", comenta y explica que en el 2018 un campesino aportaba 2,26 dólares y a cambio tenía atención junto con su esposa e hijos, maternidad, jubilación, etc., lo que minaba los ingresos del IESS.

En la Ley del 2001 también se incluyó que el IESS atienda las enfermedades catastróficas derivadas del Ministerio de Salud a cambio de un pago que no se cumplió y que sumó en deuda estatal. Más tarde, en la década anterior, nuevas reformas dispusieron que el IESS atienda las enfermedades de personas con discapacidad, a las jefas de hogar, a los hijos menores de edad y a las amas de casa no remuneradas.

La deuda total del Estado bordea los 5000 millones de dólares, según los registros del IESS.

Cómo puede ser justo que el más grande deudor sea la Presidencia", cuestiona Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).

Tatamuez propone que la presidencia del Consejo Directivo del IESS debería ser rotativa y no exclusiva del delegado del presidente.

Los analistas coinciden en que la crisis financiera que enfrenta la entidad obedece a las nuevas prestaciones creadas por leyes sin el debido financiamiento, tal como obliga el artículo 369 de la Constitución.

A lo que se suma el incumplimiento en el pago del 40 % para financiar las pensiones jubilares, que se dejó de recibir por 23 años desde el gobierno de León Febres-Cordero hasta el de Rafael Correa, quien reanudó los pagos en el 2008, pero promovió una ley llamada de Justicia Laboral, que en el 2015 eliminó la contribución de ese 40 %.

"Desde 2015 los fondos de la Seguridad Social se han ido mermando, la institución se ha vuelto ineficiente porque se ha convertido en bolsa de empleo de los gobiernos de turno", dice Jorge Madera.

El pago del 40 % se restituyó en el 2019 tras una resolución de la Corte Constitucional, pero los tres años en que no se pagó ese rubro provocó una afectación de más de 4000 millones al fondo de pensiones que hoy le pasa factura al IESS. El año pasado, el Gobierno solo pagó hasta septiembre y desde entonces está en mora.

Ángel Torres ha seguido de cerca las noticias sobre el Seguro Social. "Ya no hay dinero para pagar pensiones sino para seis meses. El IESS siempre ha sido una institución solvente, pero por la falta de recursos que le quitaron los Gobiernos estamos sufriendo las consecuencias", dice preocupado este jubilado que recibe una pensión de $600 por sus 41 años de aportación.

"Me alcanza para vivir, gracias a Dios, y para comprar mis medicamentos cuando no me da el Seguro. El año pasado tuve que comprar tres meses lo que el urólogo me recetó, luego me cambió a otro medicamento que sí había. En enero, febrero y marzo he tenido que comprar para la presión". (I)