El alcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una solicitud a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones en la adquisición de pruebas para detectar COVID-19.

Así lo dijo en una rueda de prensa, luego de que se conoció que la Fiscalía allanó la casa del secretario Metropolitano de Salud, Lenín Mantilla; instalaciones del Municipio de Quito, en el Centro Histórico; las oficinas de la empresa proveedora y la dirección Metropolitana de Salud al norte de Quito.

La investigación estaría enfocada en la adquisición de 100 000 pruebas PCR para COVID-19 en la que existiría un sobreprecio. Las pruebas PCR llegaron al país el pasado 20 de abril con el objetivo de realizar pruebas masivas a la ciudadanía para saber en qué zona o zonas de la capital ecuatoriana existía la presencia del virus y así tomar decisiones desde el municipio capitalino.

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El funcionario añadió que, Quito Honesto, una entidad municipal que vigila por la transparencia, emitió un informe que establece que se han hecho las contrataciones a la mejor oferta que se ha dado y que no hubo ninguna irregularidad.

En los próximos días, se empezarán a realizar 1.500 pruebas diarias. Hasta el momento se han hecho cerca de 1.000 debido a que se estaban instalando los equipos. El alcalde señaló que se va a continuar con esa labor pues no ve ningún inconveniente. El Municipio había adquirido 100.000 pruebas PCR. El costo fue de alrededor de $25. Se adquirirá 100.000 más, expresó el alcalde de la ciudad.

"Si hubo un sobreprecio, yo soy el más interesado en conocerlo y total apertura para que las autoridades investiguen (...) el alcalde de Quito no conoce a proveedores, no está en contrataciones, no estamos nosotros comprando absolutamente nada; son las diferentes instituciones que hacen con los respectivos procedimientos públicos", añadió.

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El funcionario agregó que, para la compra de insumos médicos, se lo debe adquirir a las empresas que autoriza la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACCESS).

Además Yunda comentó en Twitter, que las pruebas PCR necesita de capacitación, ya que no eran pruebas rápidas.

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"Prueba PCR, amerita calibrar equipos, capacitar personal, conexiones complejas, extracción de ARN, manejo de reactivos, tomar muestras, cadena de frío, no son pruebas rápidas chimbas, en los próximos días llegaremos hacer 1500 pruebas diarias, si hay irregularidades investiguen", dijo Yunda en la red social.

Ante el hecho, Yunda separó del cargo a Mantilla y sostuvo que apoyará las investigaciones.

En la última sesión del Concejo Metropolitano, el entonces secretario de Salud, Lenín Mantilla, se refirió al proceso de contratación para la adquisición de las pruebas de detección COVID-19.

Afirmó que se cumplió con la normativa en tres aspectos: ley de Contratación Pública, evitar vicios como el dumping (vender un producto por debajo de su precio) y ser eficientes.

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Señaló que la Unidad de Contratación Pública hizo una invitación a diversas compañías. Hubo tres oferentes. "A través de un correo electrónico, se invitó a las diferentes empresas, a las cuales se les pidió que pongan su proforma pero que también nos entreguen toda la documentación que nos exigía la ley orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, era un doble filtro que se puso...", dijo Mantilla.

Las condiciones exigidas fueron: Registro Sanitario, permiso de funcionamiento vigente, buenas prácticas de almacenamiento, de distribución y de manufactura.

El costo total del contrato para 100.000 test fue de $3'774.000 más IVA. El kit de extracción de RNA, costó $9.75 por unidad, total $975.000. El kit para detección molecular, costó $25 unitario, total $2'500.000 y kit de isopotos más transporte, costó $2.99 unitario, total $299.000. (I)