El representante legal, el contador y los accionistas mayoritarios de Almantop S. A. fueron detenidos el pasado viernes.

Se trata de funcionarios de la empresa que intentó vender 131 000 mascarillas N95 al hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo a $12 cada una, cuando el precio en el mercado es desde $4. El contrato, que incluía otros insumos médicos, alcanzaba un total de $10 millones.

Por el posible sobreprecio en la adjudicación del contrato se destapó un escándalo el mes pasado que fue seguido por otros contratos que se indagan en más hospitales del país.

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Por el caso Mascarillas, la Fiscalía de Administración Pública inició una investigación que el viernes derivó en una serie de allanamientos en domicilios de Guayaquil, Daule y Samborondón.

El fiscal César Suárez dijo que se indaga una presunta defraudación tributaria, tipificada en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y que es castigada con una pena de hasta tres años de prisión.

Se aclaró que tras conocerse el caso, el proceso de compra se detuvo y la transferencia no habría sido realizada.

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Por este caso, Ángel Lojas, quien era director general del IESS y el que habría firmado el contrato, fue separado del cargo el 30 de marzo, día que también presentó su renuncia.

En la página web de la Función Judicial constan varios procesos de adjudicación que se investigan y en los que estaría involucrado Lojas.

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Lo que también llama mucho la atención de las autoridades es que si bien en el Servicio de Rentas Internas (SRI) la compañía está registrada como una empresa dedicada a la venta al por mayor de instrumentos, dispositivos y materiales médicos, para la Superintendencia de Compañías se dedica al servicio de alimentos y bebidas.

Aunque la compañía tiene nueve años de constituida, recién a finales del 2019 consiguió un contrato por la adquisición de dispositivos médicos de más de $500 000 con otro hospital de Guayaquil.

A pesar de las detenciones, la Fiscalía intenta determinar el verdadero domicilio de la empresa, pues en la dirección registrada en la Superintendencia funciona otra compañía.

Pero estos allanamientos no solo se dieron en Guayas.

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Horas después se allanaron los hospitales del IESS de Babahoyo y el Alfredo Noboa Montenegro de Guaranda. En Bolívar se investiga la adquisición de fundas para el embalaje de cadáveres con supuesto sobreprecio.

Por su parte, el fiscal de Los Ríos, Luis Pesantes, afirmó que el operativo realizado en Babahoyo se hizo luego de conocerse denuncias sobre presuntas irregularidades en las compras de prendas de vestir y otros artículos para personal de la casa de salud.

El funcionario detalló que en esta ocasión se actuó de oficio una vez que se constataron en el portal de Compras Públicas los contratos y adjudicaciones que se hicieron en diciembre

“Aunque todavía no tenemos una denuncia expresa o formal sobre este caso, el proceso investigativo seguirá su curso, se incautaron documentos y una computadora del Departamento de Finanzas ”, explicó el titular de la Fiscalía de Los Ríos, quien informó que el operativo no dejó detenidos.

Caso Ceibos

La semana pasada se realizaron allanamientos en Guayaquil y Quito y se detuvo a cuatro personas involucradas al hospital del IESS de Los Ceibos y a la empresa Silverti S. A. Esto por la adjudicación de un contrato de más de $800 000, en el que se incluían 400 fundas para cadáveres a $150, cuando en el mercado hay desde $12. Tres funcionarias del hospital, entre ellas la directora, fueron detenidas y llevadas a Quito. Allá se aprehendió a un hombre. (I)