Hay posturas contrapuestas sobre la aplicación de medidas de protección contra el coronavirus a los pueblos y nacionalidades. El Gobierno asegura de que se está trabajando en protegerlos y los representantes de esa población lo niegan.

En Ecuador existen 18 pueblos y 14 nacionalidades, y como parte de las medidas sanitarias contra la pandemia, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) emitió dos protocolos de contingencia. Uno dirigido para las comunidades, pueblos y nacionales; y el segundo dispone medidas exclusivas para la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.

Entre esas medidas consta que se permitirá el ingreso por vía fluvial o terrestre a los “residentes en las comunidades waorani y kichwa”, y con la presentación de un certificado médico de que no presentan sintomatología asociada con el COVID-19.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitieron resoluciones que entre otros puntos, exigen la protección de los pueblos y nacionalidades indígenas. Por ejemplo, proporcionarles información sobre la pandemia en su idioma tradicional, estableciendo cuando sea posible facilitadores interculturales que les permita comprender de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos del virus.

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También se pide el respeto al no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia como pueblo. Que reciban atención de salud con pertinencia cultural, con sus prácticas curativas y las medicinas tradicionales.

La titular de la SDH, Cecilia Chacón, asegura de que es un “trabajo silencioso” el que hacen en las poblaciones indígenas, y resalta que entre las principales acciones “las actividades turísticas de ingreso a la Amazonía, donde hay pueblos en peligro de extinción están limitadas, se cerraron carreteras y no existe el ingreso”.

A las petroleras, explica, se les pidió que le notifique con los protocolos sanitarios para el control del ingreso de sus trabajadores y así evitar la propagación del virus.

Esa Secretaría no tiene reportes de posibles casos positivos por nacionalidad, pues el responsable de la información es el Ministerio de Salud. Aunque indica que en poblaciones como la Awá, Chachis, Waorani se confirmó –después de realizar un perfil epidemiológico hecho por el ministerio– que “no hay contagios”, pero no descarta que en otras lo haya.

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Llegó la alerta de un fallecido por COVID-19 de la nacionalidad Secoya, y cuando “se realizó la visita en territorio, levantamos un registro declarativo de las personas que viven ahí, y se indicó que no fue esa la causa. Los familiares por temor al contagio decidieron trasladarse más al interno de su territorio y guardar distancia”.

El objetivo siguiente es realizar pruebas rápidas en estas zonas para aplicar los protocolos necesarios de existir casos positivos. No dio una fecha.

Pero el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, dice que en la nacionalidad achuar “hay un caso positivo y las personas están encerradas en sus casas. Por eso es importante que las pruebas rápidas sean masivas”. “Será que quieren que los pueblos nos acabemos? Porque siempre nos han dicho que somos el obstáculo del desarrollo... Todos los médicos rurales han sido retirados de las comunidades por el Ministerio”, comenta en alusión a que son llevados a zonas urbanas para atender la pandemia.

Chacón responde que están trabajando para protegerlos, incluso con dirigentes locales. Que se trabaja con campañas informativas en las lenguas originarias que se transmiten en radios comunitarias. Y que el ministro de Salud delegó a un subsecretario para el tema.

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La Defensoría del Pueblo está observando este trabajo, y tiene reparos. Harold Burbano, coordinador general de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, recuerda que los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial “necesitan una protección especial porque de llegar a contagiarse, podría desaparecer una comunidad completa”.

Cuestiona que la política aplicada “ha sido impuesta” y sin un enfoque intercultural, porque en ella “no se ha observado una intervención de los dirigentes o líderes indígenas”.

Durante estos casi 50 días de aislamiento social por la pandemia, la institución recogió 4700 alertas de violaciones a los derechos humanos, entre las que constan las que afectan a los pueblos y nacionalidades. Como a la educación: con las clases virtuales se “denuncia que no tienen acceso a internet y aparatos tecnológicos”. “Nos alertaron de la falta de participación en la implementación de las medidas. Por ejemplo, han militarizado las zonas. No decimos que está mal, sino que debe considerarse la participación de los pueblos...". (I)