Una vez que la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016 esté en firme, se activarían otras sanciones constitucionales y legales que impedirán a los 20 procesados poder ser candidatos a cualquier dignidad de elección popular.

En su fallo de primera instancia emitido el martes en contra de los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas y otros 18 procesados, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) los condenó a perder sus derechos de participación por 25 años, según consta en el artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La Constitución establece ocho derechos de participación: elegir y ser elegidos, participar en asuntos de interés público, ser consultados, fiscalizar actos del poder público, revocar mandatos de una autoridad, desempeñar cargos públicos con base en méritos, conformar partidos o movimientos políticos o ser adherente o afiliado a uno de ellos, y otros.

Pero además, en el artículo 113, 223 de la máxima norma, y en el artículo 96 del Código de la Democracia se determina como prohibición que una persona condenada por delitos en contra de la administración pública, como en este caso cohecho, no podrá ser candidata de elección popular. Esto se aprobó en la consulta popular de febrero del 2018, que también reformó el artículo 68 del COIP.

El analista electoral Fausto Camacho cree que si hasta septiembre que empieza la inscripción de las candidaturas para los comicios presidenciales y legislativos del 2021 la sentencia no se ejecutoría, Correa podría inscribirse como asambleísta por el exterior al tener su residencia en Bélgica. Pero “la inmunidad por ser candidato que establece el Código dura solo días antes de la proclamación de resultados, y si gana él deberá venir a posesionarse”, y podría ser detenido por la vigencia de una orden de captura en su contra por el caso Balda. (I)