51 muertos en dos días, en noreste de Brasil

Una violenta huelga policial en el noreste de Brasil, en la que un senador fue herido de bala, ha puesto de relieve el malestar de la policía en otras partes del país que amenaza con protestar al inicio de los festejos del Carnaval.

La huelga de la policía militar en el estado de Ceará por aumentos de salarios es un dolor de cabeza para el presidente Jair Bolsonaro, un defensor firme de las fuerzas policiales que ha prometido poner coto a la violencia criminal.

"Desde luego que las huelgas policiales podrían extenderse", dijo el legislador Guilherme da Cunha, del estado de Minas Gerais, donde la policía amenazó con parar y obtuvo un aumento salarial de 42% este año. "Desde el momento que la gente que monopoliza las armas de fuego descubre su propia fuerza, existe un riesgo", agregó.

En Ceará, la violencia criminal ha aumentado bruscamente durante la huelga policial, con al menos 51 asesinatos en dos días, de acuerdo con el secretario estatal de seguridad pública. Bolsonaro envió cientos de efectivos de la guardia nacional y 2 500 soldados a mantener el orden.

Durante la huelga, el senador Cid Gomes recibió un balazo en el pecho al tratar de atravesar una protesta policial con una retroexcavadora. Su estado era estable. Horas antes, agentes enmascarados obligaron al cierre de tiendas, ocuparon cuarteles y dañaron vehículos policiales.

Alcaldes de varias localidades pequeñas en el estado, de menos de 30 000 habitantes, cancelaron los festejos de Carnaval. En Paracurú, donde las autoridades esperaban 40 000 celebrantes por día, el alcalde dijo que no podría garantizar la seguridad en las calles.

Aunque las huelgas policiales son ilegales en Brasil, podrían extenderse a otros estados, dijeron legisladores y expertos en seguridad pública a The Associated Press.

En el estado de Alagoas, la policía de investigaciones criminales está en huelga desde hace dos semanas.

"El gobernador ha hecho muchas promesas vacías a la policía militar. Esa bomba puede explotar en cualquier momento", dijo el legislador Davi Maia, quien ha recibido a la policía en el Congreso para discutir sus reclamos.

En Paraiba, la policía militar realizó un paro de 12 horas el 19 de febrero. En Santa Catarina, agentes de seguridad pública amenazaron con trabajar con la mayor lentitud, lo que detiene las operaciones hasta cierto punto, pero sin caer en una huelga ilegal.

En Rio, una asociación de guardias municipales, los que patrullan los parques y otros sitios públicos, iniciaron una huelga el sábado, iniciado el Carnaval.

Las huelgas policiales no son una novedad, dijo Ilona Szabó, cofundadora del Instituto Igarapé de estudios sobre seguridad. Según un estudio de la Universidad Federal de Rio Grande so Sul, entre 1997 y 2017 hubo 715 huelgas policiales, de las cuales 52 fueron de la policía militar.

"Más que nunca Brasil debe democratizar y profesionalizar sus fuerzas policiales", dijo Szabó.

Muchos creen que los agentes de policía están envalentonados por las elecciones de 2018 en las que ganaron Bolsonaro y otros partidarios fervorosos de la ley y el orden. Bolsonaro, capitán retirado del ejército, apoyó a las fuerzas armadas durante sus 30 años en el legislativo y ha dicho que los agentes que matan en cumplimiento del deber deberían recibir medallas.

Muchos estados brasileños están profundamente endeudados y sus empleados públicos cobran sus sueldos parcialmente o con atraso. El Carnaval es una buena oportunidad para que la policía y los empleados públicos presionen a las autoridades, que temen la violencia y los saqueos durante los festejos.

En febrero del año pasado, agentes de seguridad pública amenazaron al flamante gobernador Romeu Zema Neto con huelgas si no reajustaba sus salarios.

"El gobierno se vio forzado a elegir entre una opción terrible y el mal menor", dijo da Cunha. La policía bloqueó una autopista y hombres armados trataron de invadir el despacho del gobernador, según testigos que pidieron el anonimato por temor a las represalias.

Como parte de las negociaciones, el gobernador logró aplazar el aumento por un año, lo cual significa que el proyecto llegó a la asamblea legislativa estatal este mes.

La noticia del aumento del 42% se difundió rápidamente y dio lugar a reclamos similares en Ceará y otros estados, para furia de los gobernadores que resistieron las amenazas de las protestas ilegales.

"Minas Gerais otorgó este aumento en un estado que no está pagando los salarios y se encuentra en situación de quiebra", dijo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia en la Universidad Estatal de Rio de Janeiro.

"Es muy diciente del momento que atraviesa el país y la fuerza que adquieren las fuerzas públicas", afirmó. (I)