El Consejo de Protección de Derechos de Quito se pronunció ante la denuncia de varios padres y madres de familia de un establecimiento educativo de esa ciudad sobre los maltratos que sufrían estudiantes por parte de una docente durante los años lectivos 2017-2018 y 2018-2019.

"Según referencia de los niños y niñas, por ponerse de pie, eran tapados la boca con cinta adherente y amarrados a sus escritorios de manos y pies durante horas. Así mismo, relatan que la docente ponía en una mamadera leche con ají y les amenazaba con ponerles un pañal y obligarles a tomar este brebaje si hablaban", explicó el organismo.

--[PRONUNCIAMIENTO OFICIAL] Ante el caso de maltrato a 28 estudiantes de Unidad Educativa Tradicional de Quito, Consejo de Protección de Derechos Quito se pronuncia-- https://t.co/pHEvXMFnxn pic.twitter.com/AXWSvFALKD

Además detallaron que cuatro de los menores habrían sido maltratados físicamente de manera constante dentro del aula, “les pegaba con una correa si se portaban 'mal', les soplaba máchica en la cara e incluso obligó a un niño a comérsela haciendo que se ahogue, a este mismo niño le propinaba sendos correazos, dejándole marcas en su espalda. La maestra también hacía comentarios discriminatorios, refiriéndose de manera particular a un niño afrodescendiente como delincuente”.

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La profesora habría amenazado a los menores indicando que metería presos a sus padres o que los mataría. Otros docentes conocían de los maltratos, según indicaron los niños (al inicio de la situación tenían ocho años).

Ante este caso de maltrato a las niñas y niños de este establecimiento educativo, se debe sancionar a la maestra que los maltrató, en este caso cabe la suspensión y posterior destitución, señala @sybelmartinez en entrevista en @notimundoec pic.twitter.com/BhDuFdi6EV

La alarma de la situación la dio la nueva docente esto porque los estudiantes le preguntaron si ella también los maltrataría. El Consejo dio a conocer que los padres de un menor afectado denunció el hecho al rector y que este elevó la denuncia al Distrito. La Subsecretaría de Educación y de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos Zona Centro también conocieron la denuncia, pero no fue derivada a la Fiscalía.

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El Ministerio de Educación, mediante un comunicado, explicó que el caso fue llevado hasta la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en octubre del 2019 y se procedió a la separación de la docente en los plazos determinados (90 días), también se abrió un sumario administrativo en contra de la maestra.

[COMUNICADO] Con respecto a la denuncia de agresión presuntamente en una UE de Quito, reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia en el sistema educativo, y el compromiso de velar por la seguridad y derechos de las niñas, niños y adolescentes. pic.twitter.com/17sfqB4y4s

"En enero de 2020, se efectuó la Audiencia de Sustentación de Pruebas, en la cual no se presentaron las evidencias de cargo necesarias ante esta instancia, siendo este un requisito fundamental para continuar con la causa instaurada desde la Junta referida. Los padres de familia denunciantes no acudieron a la Audiencia", indicó la Cartera de Estado.

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Tras eso, la docente fue restituida en el cargo.

Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo, en entrevista con Notimundo, indicó que el caso no solo debía ser elevado al Distrito, sino también debió presentarse una denuncia en la Fiscalía para su investigación.

"Me contaban que los niños no salen al recreo porque la maestra está ahí y cada vez que salen les toma fotos. Cuando quieren salir van detrás de la maestra actual... El artículo 65 del COIP podría aplicarse en este caso y prohibirle que ejerza su profesión con un proceso penal de por medio y, sobre todo, establecer e investigar la tortura (artículo 151) que va de 7 a 10 años y si es que hay agravante, como las hay, niños menores de 18 años y un servidor público que profiere estos maltratos, efectivamente tenemos un caso de sanción penal como tiene que darse", expresó.

El Ministerio de Educación señaló también que en el uso de sus competencias dispuso el seguimiento del caso, la obtención de información necesaria, para continuar con las acciones administrativas y judiciales que se requieran. Además que realiza un seguimiento individualizado con la madre de familia y que se cumpla los procesos y protocolos en la institución educativa. (I)

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