El viernes 14 de febrero próximo se realizará en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia en la que se resolverá el recurso de apelación interpuesto por el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Yofre Poma, a la sentencia de un año y cuatro meses que recibió en calidad de cómplice por el delito de paralización de un servicio público.

El 8 de noviembre pasado, Poma junto a ocho personas más recibió una sentencia por los hechos ocurridos en la ciudad de Lago Agrio (Sucumbíos) durante las jornadas de protesta de octubre de 2019.

El prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y otras tres personas más recibieron la misma pena de Poma; mientras que el concejal de Lago Agrio, Victor Burbano, y tres personas más recibieron una sentencia de cuatro años de cárcel al considerarlos autores del delito que se investigó.

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Además de los nueve sentenciados, también apeló la sentencia Álex Velasco, procurador judicial de Pablo Flores, gerente General y representante legal de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador. Esta empresa es la acusadora particular en la causa.

La providencia emitida la tarde de este martes señala que a través de la Secretaría de la Sala se debe coordinar con los respectivos Centros de Detención a fin de que comparezcan los procesados que han solicitado encontrarse presentes en esta diligencia.

Se recordó a quienes han presentado el recurso que en caso de no comparecer a la audiencia señalada, esto dará lugar a que se declare el abandono del recurso. La audiencia deberá contar con la intervención de la fiscal general Diana Salazar o su delegado.

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Protestas

Desde el lunes último cercanos al legislador Poma y a otros de los sentenciados iniciaron una huelga de hambre y se encadenaron en la vereda que está frente a la CNJ: El objetivo era exigir que se disponga una fecha para la audiencia de apelación.

La mañana de este martes llegó hasta el lugar para solidarizarse con la medida adoptada el exasambleísta y miembro de la RC, Virgilio Hernández, quien también está siendo procesado por hechos ocurridos durante las protestas de octubre pasado. Hernández, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y dos personas más son procesados por el delito de rebelión y en la causa la instrucción fiscal de 120 días concluye este martes. (I)