Este Diario recibió un pedido de réplica a la nota publicada el 12 de enero de 2020 donde se reprodujeron los elementos de convicción por los que se llamó a juicio a exfuncionarios por el caso Sobornos 2012-2016.

“De mis consideraciones:

Yo, Yamil Massuh Jolley, (...) ecuatoriano, mayor de edad, padre de familia, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en relación a una publicación en días pasados en este Diario donde se publicaron las acusaciones de la Fiscalía General en contra de ex funcionarios públicos, año 2013 con nombres y apellidos y entre estos, el mío, ejerciendo mi derecho constitucional a la réplica, comparezco para indicar lo siguiente:

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PRIMERO.- Estoy siendo ilegalmente enjuiciado por el supuesto delito de cohecho desde el 08 de agosto de 2019, por parte de la fiscal general, Dra. Diana Salazar y de la jueza nacional, Dra. Daniela Camacho Herold.

SEGUNDO.- Dicha acusación se basa en la confesión de una coacusada que ha confesado que ella cometió varios delitos al recibir sobornos de ejecutivos de la compañía Odebrecht, se llama Pamela Martínez, quien maliciosamente afirmó que me entregó en noviembre del 2013 la cantidad de $320 000,00 en dinero en efectivo, hecho que jamás ha podido comprobar porque no existe un solo recibo firmado por mí, así como tampoco existe un solo testigo que diga que dicha entrega se realizó.

TERCERO.- La maliciosa afirmación de Pamela Martínez consta en un cuaderno que ella dice lo escribió en el año 2018, en un vuelo de Quito a Guayaquil en media hora y afirma que no tiene ningún correo, ningún pendrive ni ningún elemento tecnológico del año 2012, habiéndose comprobado que en la parte posterior de dicho cuaderno está roto el código de barras, lo que fue hecho para no determinar la fecha de su elaboración.

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CUARTO.- Dejo constancia que de acuerdo al contrato de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas mis funciones eran de tipo político, que jamás tuve que ver con el concurso de obras, con la adjudicación de contratos de obras públicas, mucho menos con el supuesto tráfico de facturas.

Renuncié en abril del 2014 al Ministerio de Obras Públicas, habiendo cumplido a cabalidad mis funciones sin ninguna queja y que consta del proceso que la fiscal general al presentar su dictamen acusatorio no mencionó mis nombres en lo relacionado a contratos y facturas.

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QUINTO.- La opinión pública debe conocer que cuando el periodista Fernando Villavicencio presentó su acusación particular a mí no me acusó de nada y que la Interpol París le rechazó a la fiscal general dos veces la difusión roja en mi contra, porque no encontró en su acusación ningún delito de cohecho.

Soy inocente, pido justicia”.