Caso de espionaje agita el Congreso de Colombia

El senador colombiano Antonio Sanguino se desplaza por la ciudad en un vehículo a prueba de balas y tres guardaespaldas armados que lo custodian mientras asiste a reuniones y manifestaciones políticas.Pero el senador izquierdista reconoce que, aunque los guardaespaldas lo protegen de los intentos de asesinato, no han podido neutralizar otro tipo de amenaza: Sanguino cree que los servicios de inteligencia de Colombia han estado interceptando sus llamadas telefónicas, revisando sus correos electrónicos y rastreando sus comunicaciones en WhatsApp desde principios del año pasado y envían esa información al partido que gobierna.El viernes, el congresista y otros dos senadores de la oposición presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pruebas de un posible espionaje ilegal y solicitaron medidas de protección a la organización con sede en Washington.Los senadores afirman que funcionarios deshonestos en el ejército trabajaron con el partido del presidente conservador Iván Duque para espiar a numerosos objetivos civiles en el mayor escándalo de espionaje en una década.“Queremos que presionen al gobierno para que las investigaciones se lleven adelante con todo rigor. Yo creo que lo más importante no es saber quiénes chuzan, sino quiénes ordenan las intercepciones”, dijo Sandino desde su oficina en Bogotá.“Yo siempre he tenido dificultades de seguridad. Pero el tema de que intercepten mis comunicaciones es para mí un hecho novedoso”, indicó.Las medidas legales tomadas por Sanguino y los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras surgen a raíz de la publicación de un informe en una revista de colombiana que dice que varios miembros de la oposición, jueces de tribunales superiores y periodistas fueron espiados por el ejército el año pasado. En un artículo publicado el domingo pasado, la revista Semana informó sobre entrevistas con miembros de una unidad de élite de inteligencia militar que dicen que sus superiores les ordenaron usar software y equipos comprados para espiar a grupos terroristas y vigilar a líderes de la oposición y a un juez que supervisaba un caso de manipulación de testigos que involucraba al expresidente Álvaro Uribe. La revista afirma que al conocerse el escándalo de espionaje en algunos sectores del gobierno obligó al comandante del ejército a renunciar a finales de diciembre. El general Nicacio Martínez dijo que dejaba su cargo para pasar más tiempo con su familia, y su abogado le dijo a los medios la semana pasada que el general no tenía conocimiento de la supuesta operación de espionaje ilegal.El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, dijo que no tenía conocimiento de escuchas telefónicas e intervenciones de correo electrónico antes del informe de Semana y prometió una investigación interna. También dijo que a principios de diciembre, cuando se convirtió en ministro de Defensa, ordenó a sus subordinados realizar un "inventario" de las actividades de inteligencia de la nación durante la última década.El fiscal general también lanzó una investigación sobre el escándalo de espionaje después del informe. Incidentes similares han afectado a Colombia en la última década. En 2011, la agencia de inteligencia más grande del país se disolvió después de que una investigación descubriera que sus agentes intervinieron teléfonos de periodistas y líderes de la oposición con la aprobación del director de la agencia. Las escuchas telefónicas ocurrieron bajo la presidencia de Uribe, quien ahora es senador y miembro influyente del partido Centro Democrático del actual presidente.En 2014, técnicos informáticos que trabajaban para el candidato presidencial de Centro Democrático fueron arrestados por espiar a los negociadores del gobierno y a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mientras realizaban negociaciones de paz. Líderes del partido afirmaron que los técnicos actuaron sin su consentimiento.“Estas graves denuncias de interceptaciones ilegales se repiten año a año en Colombia, pero los casos habitualmente quedan en la impunidad”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Hay serios riesgos que estas prácticas violatorias de la privacidad y del sistema democráticos terminen por normalizarse en el país”.El senador Iván Cepeda viajó a Washington y prevé reunirse con miembros del Congreso estadounidense, a quienes pedirá que supervisen de cerca los fondos otorgados por Estados Unidos para las agencias de inteligencia colombianas.Cepeda cree que los funcionarios en el ejército y el partido gobernante están apuntando a políticos y periodistas que apoyan el acuerdo de paz de 2016 con los rebeldes de las FARC y que critican cómo Duque ha manejado su implementación.Otro político que fue espiado, según Semana , es el gobernador de una provincia rural que criticó los planes del gobierno para combatir la producción de cocaína con un herbicida que puede causar cáncer.Sanguino -senador por el Partido Verde- ha sido un crítico abierto de los militares y a principios del año pasado se opuso al nombramiento de Martínez como jefe del ejército, citando su pobre historial de derechos humanos. Al legislador le preocupa que la información tomada de sus comunicaciones pueda usarse para lanzar campañas "difamatorias" contra él o incluso para organizar ataques físicos.“Las consecuencias de estas interceptaciones son impredecibles”, dijo Sanguino. “Estamos en un país donde la persecución violenta de la oposición está a la orden del día”. (I)

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