A las 00:02 de ayer, el juez de Garantías Penales Freddy Sevillano dictó medidas cautelares contra Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, y prisión preventiva contra Mauro Flores.

Rivadeneira tiene prohibición de salir del país y debe presentarse ante las autoridades.

En la audiencia de flagrancia del caso Flamingo desarrollada en Otavalo, el último viernes, la Fiscalía acusó a Rivadeneira y a Flores de asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado. Ambos fueron detenidos la noche del jueves, durante allanamientos en Otavalo y Cotacachi.

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Según las denuncias por supuesta defraudación tributaria presentadas por Marisol Andrade, directora del SRI, y de Iván Granda, exsecretario Anticorrupción, en siete cuentas de Flores y en cuatro de Rivadeneira habría depósitos en efectivo, transferencias bancarias y cheques que no fueron declarados tributariamente.

La fiscal Jimena Moina explicó que en las investigaciones apareció un tercer implicado, Jorge Alcívar Piña, contratista de la empresa Worley Parson, que fue fiscalizadora en la refinería de Esmeraldas.

Según la fiscal, Alcívar compartiría una cuenta con Rivadeneira; este habría sido administrador de la cuenta y del edificio Flamingo, en Atacames (Esmeraldas), del cual no se habrían declarado todos los ingresos.

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Pero Alcívar no ha mantenido comunicación con Rivadeneira en los últimos años, por lo que no fue vinculado.

En el 2017 Rivadeneira vendió a Flores un terreno y una casa en Otavalo, valorada en $171 500. No recibió el dinero, pero el predio fue puesto a nombre del comprador.

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Durante la audiencia, Flores explicó que a Rivadeneira lo conoce desde niño, por eso le vendió el predio en $60 000, pero que en el banco hizo un crédito por el avalúo total, pagando así el inmueble y el resto lo habría usado para su negocio de compra y venta de vehículos.

Franklin Arévalo, abogado de Rivadeneira, expuso que su defendido tiene cinco operaciones al corazón, que necesita medicación y que su patrimonio no ha tenido un incremento de 200 salarios básicos, por lo que no puede ser acusado de enriquecimiento.

Acusación (reporte)

SRI

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Según el reporte del SRI presentado por la Fiscalía, del 2012 al 2015 Mauro Flores realizó movimientos anuales que sobrepasaban el millón de dólares, pero en sus declaraciones no registra ni el 30 % de sus ingresos. (I)