Tras conocerse el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ESE-CIDH), en el que se descarta la posibilidad de que los integrantes del grupo periodístico de El Comercio se condujeran libremente desde Ecuador hasta Colombia y pone en duda la hipótesis de un “traslado voluntario”, el canciller José Valencia insistió en que la decisión de cruzar a Colombia de los tres secuestrados y asesinados “fue voluntaria”.

“Cruzaron, no pidieron permisos a las autoridades para ingresar a territorio colombiano y [...] cuando llegaron allá fueron capturados y finalmente fueron asesinados”, dijo Valencia, al ser entrevistado por AFP.

El canciller, además, ratificó la posición que el Estado ecuatoriano mantiene desde la audiencia de la CIDH sobre este tema, en diciembre del 2018, en el sentido de que el secuestro y asesinato ocurrieron en Colombia. Afirmación que también se pone en duda en el Informe de la Comisión Interamericana, emitido el pasado jueves.

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El informe señala: “La evidencia existente en ambos procesos lleva a concluir que, cuando los trabajadores del diario El Comercio transitaban por territorio ecuatoriano en las proximidades de Mataje, se produjo el acto de ‘retención’ por parte del grupo criminal”.

En otra parte de las conclusiones y recomendaciones del ESE lo vuelve a poner en duda con la frase “aun si se estimara la hipótesis de que el secuestro se consumó en Colombia”.

El equipo de El Comercio estaba conformado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 por integrantes del Frente Oliver Sinisterra, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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En un comunicado de los amigos y familiares de las víctimas, emitido ayer por la tarde, se rechazan las afirmaciones del canciller a la agencia internacional de noticias y se critica la actuación del Gobierno.

El documento, titulado ‘Las dos caras del Gobierno ecuatoriano’, expresa que, desde el 26 de marzo de 2018, las autoridades han intentado “lavarse las manos” para posicionar, internacionalmente, que no hay fundamentos para responsabilizar al Estado. Al cierre de esta edición, Cancillería no ampliaba o respondía sobre la declaraciones de Valencia. (I)

No nos sorprende la actitud del Gobierno frente al caso. No es la primera vez que intentan responsabilizar a las víctimas por sus malas políticas públicas de seguridad y el abandono de frontera”. Comunicado de familiares de víctimas