Observaciones al manejo de recursos públicos realizó la Contraloría a los exgobernadores del Guayas que actuaron entre junio del 2015 y diciembre del 2018: Julio César Quiñónez y Luis Monge, en el gobierno de Rafael Correa, y José Francisco Cevallos y Juana Vallejo, en el de Lenín Moreno.

En esos años, la Gobernación recibió $ 24,7 millones del Ministerio de Finanzas; la Contraloría auditó los gastos en adquisiciones de bienes, servicios, remuneraciones y consultorías por $ 6,1 millones.

El examen señala al menos cinco anomalías.

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Una se refiere al pago de $20 000, en marzo del 2016, de cuatro eventos artísticos para zonas populares de Guayaquil sin que se hayan realizado los respectivos procesos precontractuales y contractuales.

Originalmente se habían planificado diez actos por los 480 años de fundación de Guayaquil, del 17 al 31 de julio del 2015, pero el entonces gobernador dispuso que se suspendieran; sin embargo, la contratista realizó los cuatro ya citados, el 10 y 11 de julio de ese año.

Otra tiene que ver con 19 desembolsos que no habrían contado con la documentación completa antes de hacer los pagos para servicios varios (se completaron luego); y otro más en el que no habría evidencia documental ni de otro tipo del servicio de movilización de bienes de la institución.

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Una tercera se refiere al desembolso de $ 5257,39 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de multas, títulos de crédito y glosas por responsabilidad patronal generadas por pagos extemporáneos de obligaciones entre el 2012 y el 2015.

No se evidenció que la autoridad haya realizado alguna gestión para recuperar el dinero a través de la acción de repetición, señala el examen.

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En el 2015 hubo también una diferencia de $444,31 por un pago excesivo al IESS, monto que no fue devuelto en ese momento, sino en el 2019 a través de un depósito al Banco de Fomento por el encargado de Talento Humano de esa época, cuando se conoció el informe.

El organismo cuestiona la inexistencia de los reportes de contratos de ínfima cuantía que deben realizarse trimestralmente al Servicio de Compras Públicas (Sercop) en el 2018.

“Situación que dio lugar a que (la entidad) no transparente dicha información a fin de comprobar que esta acción no se utilizó como medio de elusión de procesos precontractuales...”, indica el texto.

Finalmente, se señala que en la entidad “se realizaron adquisiciones en un mismo trimestre que superaron los montos establecidos para la aplicación del procedimiento de ínfima cuantía” en la contratación de servicios de mantenimiento de impresoras y vehículos; así como logística de eventos y compra de combustible”. (I)

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