Alex Bravo, exgerente de Petroecuador; María Sol Larrea, excoordinadora de unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro, son, entre otros, los ex funcionarios públicos sentenciados, a los cuales se les debería subastar sus bienes para recuperar recursos a favor del Estado como reparación integral.

Según un documento de la Presidencia de la República, a Bravo, por ejemplo, se lo sentenció por tráfico de influencias y se le impuso una multa de 24 salarios básicos unificados (SBU), por peculado,  40 SBU; a Pareja, por tráfico de influencias, 12 SBU, por enriquecimiento ilícito, 40 SBU, por peculado, 40 SBU.

En total, de acuerdo al Gobierno, se podría conseguir más de $73 897 567.

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Los delitos por los que se podría recuperar el dinero son: tráfico de influencias ($12 551 026,83), enriquecimiento ilícito ($3 680 773 ); cohecho ($12 604 979,56), delitos contra la flora y la fauna ($6 137 753, 42); asociación ilícita ($33 936 116); peculado ($3 725 294,98 ) y lavado de activos ($535 124,00).

Para que esto proceda se requiere los mandamientos de ejecución de los jueces luego de una sentencia.

La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República estima que por corrupción ha logrado recaudar $18,5 millones hasta el momento.

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En tanto, el vicepresidente Otto Sonnenholzner en la conferencia 'Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo', realizada en Quito, afirmó que se han recuperado $16 millones por la lucha contra la corrupción. Además que 30 exfuncionarios de alto nivel están o prófugos o en procesos judiciales.

En la última subasta pública ascendente realizada por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público de 52 vehículos incautados se recaudó $301 467. Participaron 33 oferentes. (I)