Un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil que determinó que las penas de prisión empezarán a cumplirse solo cuando el acusado agote todos los recursos disponibles y ya no inmediatamente después de la confirmación de la sentencia por una corte de segunda instancia, es lo que ha permitido al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva salir de la cárcel este viernes, luego de permanecer 1 ño y 7 meses en prisión.

La decisión del Tribunal, adoptada por los votos de seis jueces contra cinco, obligará a revisar las sentencias de casi 5.000 presos, entre ellos Lula da Silva, y ha puesto en confrontación a los defensores de la presunción de inocencia con quienes temen una mayor impunidad de la criminalidad de cuello blanco.

La prisión de segunda instancia, vigente desde 2016, ha sido una de las principales armas de la investigación Lava Jato sobre una trama de corrupción en Petrobras, que llevó tras las rejas a decenas de políticos y empresarios de primer plano.

Los embates en el Tribunal se dieron en torno a un artículo de la Constitución de 1988, que afirma que “nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria”.

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El plan del Senado de Brasil para que Lula da Silva vuelva a prisión

La presidenta de la Comisión Constitucional de Justicia, Somone Tabet, anunció que discutirá una iniciativa que podría revertir la decisión del Supremo Tribunal Federal y, por lo tanto, hacer que el ex presidente vuelva a la cárcel. 

Tebet aseguró que la Cámara Alta podría debatir una enmienda constitucional para revertir esa decisión. La misma consistirá en una propuesta del senador Oriovisto Guimarães, que se debatirá en la próxima sesión del pleno. “Dada la decisión del Tribunal Supremo, especialmente la declaración del presidente de ese Tribunal de que el Congreso puede cambiar la ley sobre el arresto en segunda instancia, incluiré, en la agenda de la próxima reunión del CCJ, el pedido de enmienda escrito por el Senador Oriovisto”, dijo Tebet al diario Globo.

El escrito presentado por el senador Guimarães agrega un extracto al artículo 93 de la Constitución: “Una decisión condenatoria emitida por los órganos colegiados debe ejecutarse de inmediato, independientemente de la conveniencia de cualquier apelación”.

El presidente del Tribunal Supremo, Días Toffoli, quien fue el responsable del desempate de la votación del jueves que beneficia al ex presidente  Lula da Silva —preso en Curitiba desde abril del 2018—, aseguró que los legisladores tienen, en efecto, la capacidad de una modificación constitucional de ese tipo.

Los senadores, sin embargo, necesitarán conseguir 49 votos del Senado en dos rondas y 308 votos de la Cámara Baja.

Los parlamentarios creen que pueden obtener los votos necesarios para la aprobación del Senado. Sin embargo, en Diputados el proyecto tiene el camino más complicado. (I)