Al Gobierno se le van agotando las opciones para recuperar sus finanzas públicas y retomar el camino del crecimiento, tal como ofreció en sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En estos días, le apuesta a la reforma tributaria y a una focalización de subsidios. Sin embargo, sus iniciativas generan malestar en sectores sociales, Gobierno y empresarios que reniegan de cualquier ajuste.

En agosto, el Gobierno tenía casi listo un proyecto de ley que se creía que subiría el impuesto al valor agregado (IVA) en 3 puntos. Sin embargo, en días previos se conoció el rechazo de un grupo de asambleístas.

Esta oposición llevó al Gobierno a plantear una salida, presentada como una decisión “histórica y valiente”: la eliminación de subsidios de la gasolina extra y el diésel.

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Esta opción puso en peligro la estabilidad del Gobierno. Aun hoy, un sector de la dirigencia indígena insiste en rechazar la revisión de subsidios.

La reforma tributaria (parte de la Ley de Crecimiento Económico), que se trata en la Asamblea, en cambio, busca recursos en el sector productivo y de los ciudadanos por $700 millones. Pero nuevamente hay voces contrarias. Los empresarios, argumentan que esto generará recesión, que el aparato productivo –justamente el destinado a generar empleo– perderá competitividad y reclaman al Gobierno limitarse a buscar medidas recaudatorias.

Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de Las Américas, cree que la posibilidad de crecer, generar empleo y mejorar la economía es lejana, porque se bloquearon las opciones, y porque la distorsión de la economía que heredamos del anterior gobierno es enorme. Para corregirla hay que hacer reformas profundas, analiza Albornoz, y explica que el problema es que ningún sector está dispuesto a aceptarlas: “Indígenas no quieren revisión de subsidios, burócratas cuidan sus puestos, sindicatos dicen no a la flexibilidad laboral, el Gobierno no quiere bajar el gasto y la Asamblea no quiere generar mala imagen política”.

Si bien este año se podría llegar a cubrir los gastos con la emisión de bonos del mes pasado ($2000 millones), los problemas económicos fuertes se podrán sentir el próximo.

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Santiago García, académico universitario, considera que Ecuador ya registra 17 trimestres con economías caídas y que la prioridad es reactivar la producción y la actividad económica. También proteger a los más vulnerables con compensaciones, que no deben ser entendidas por el sector indígena como dádivas, sino como una responsabilidad del Estado.

Y finalmente, dice, flexibilizar las reglas laborales para que haya más empleo. Para generar mayor producción se deben mantener incentivos al sector productivo, pero también son necesarios impuestos. También considera que se debe mantener la inversión pública, pues la privada por sí sola no despega. En este sentido, considera que los recursos de focalización de subsidios (gasolina extra y diésel, que no debe ser total sino del 20 % o 30 %) deben ir hacia la inversión pública. También advierte que es inevitable presentar un nuevo plan al FMI con metas para el 2023. Es irresponsable, dice, descartar el Acuerdo con el FMI: “Si eso sucediera, las fuentes de financiamiento se cerrarían”.

Por su parte, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, propone eliminar las disposiciones de la ley tributaria que generan más impuestos. Sus opciones son subir los techos de las deducciones de la clase media, para un mayor consumo y bajar el gasto público entregando la administración de activos del Estado a la empresa privada. (I)

Indígenas no quieren revisión de subsidios, sindicatos dicen no a la flexibilidad laboral, el Gobierno no quiere bajar el gasto y la Asamblea no quiere generar una mala imagen política”. Vicente Albornoz, analista