Eliminación del anticipo de Impuesto a la Renta inyectaría unos $ 352 millones al fisco

El anticipo al impuesto a la renta (IR), figura que se creó en 2010, desaparecería a partir del 2020; esto consta en las reformas tributarias que el Gobierno anunció que entregará a la Asamblea Nacional como parte de su plan económico.

Según los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), este pago significó un impuesto anticipado de entre $ 335 millones (2016) y $ 352 millones (2018) anuales.

En lo que va del 2019, se habían recaudado $ 162,4 millones. Así, en 2020, esta cantidad servirá a las empresas para su proceso productivo.

Este anticipo, que había sido criticado durante varios años por los empresarios por considerar que era un pago no acorde con lo realmente ganado, tuvo varios cambios normativos durante los nueve años de vigencia.

En 2017, por ejemplo, el Gobierno ya lo había eliminado para unas 30.000 empresas con ventas de hasta $ 500.000 y lo había dejado en el 60% para empresas con ingresos mayores a esa cantidad.

Adicionalmente, para el 2019 ya se había establecido que en caso de que al final del ejercicio fiscal el impuesto realmente causado sea menor al anticipo, entonces se lo debería devolver. Ahora, el cambio es que no se deberá entregar esa liquidez.

Pablo Guevara, consultor de Andersen & Tax, señala que la medida anunciada no es una eliminación del impuesto, sino del anticipo.

En este sentido, las empresas tendrán una mayor liquidez y al final del año deberán pagar el tributo, de acuerdo a lo que hayan ganado.

Sobre el tema del pago del IR, el Gobierno también tenía previsto el cambio de reglas de juego opcional para un sistema más simplificado.

La idea es que las empresas que facturan más de un millón de dólares puedan tener un proceso más directo pagando 2% mensual de sus ingresos.

Para Guevara, esto podría tener ciertos inconvenientes. Por un lado, se podría empezar a perder el control del rastro del IVA y también podría generar una contracción al mercado de proveedores de servicios de contabilidad y de auditoría.

El Gobierno ha planteado una serie de medidas en favor del sector productivo, tanto en baja de aranceles, así como baja de ciertos tributos como el impuesto a la salida de divisas.

También se ha planteado una reforma laboral más flexible para los nuevos contratos que se generen.

Sin embargo, las reformas legales, cuya entrega a la Asamblea estaba prevista para el 30 de septiembre, aún no llegan. No existe una fecha tentativa de presentación, pero los legisladores ya exhortaron al Ejecutivo para que las envíe. (I)