​Tras nueve años de espera, cientos de procesados por los sucesos del 30 de septiembre de 2010, cuando se produjo una revuelta policial, hallan una posible prueba de que la justicia habría sido “manipulada” para condenarlos por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Se trata de los correos electrónicos que intercambiaban las procesadas y detenidas, Laura Terán, excolaboradora de la Presidencia de la República, y Pamela Martínez, exjueza de la Corte Constitucional y exasesora de Rafael Correa. Estos mails forman parte del expediente fiscal del caso Sobornos 2012-2016.

Son documentos judicializados que retratan cómo desde el despacho de Martínez, con el apoyo de operadores, se le mantenía al tanto de lo que ocurría en los tribunales y las gestiones que se hacían para conocer con anticipación las sentencias o acelerar su tratamiento.

En una comunicación del 28 de agosto de 2012, le informan a Martínez que hay una resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial sobre el militar retirado Fidel Araujo, acusado de atentado contra la seguridad del Estado, que declaró nulo lo actuado por un tribunal de Pichincha.

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El acusado (indultado por el propio Correa en 2016) presentó una acción de protección, pero “por las gestiones realizadas en la secretaría de la Sala, se nos ha confirmado que se despachará este último pedido, negándose por improcedente, por no corresponder al estado procesal”, dice una “nota” al final del correo electrónico.

Araujo recuerda que era uno más de la gente que estaba en los alrededores del Hospital de la Policía, donde se centró la sublevación policial. Dio una declaración a un medio de comunicación, y dos días después del 30S fue detenido.

“Fui el único político en la cárcel. Fui el primero en ser encarcelado. Todo lo que armaron fue una mentira. Dañaron mi vida”, lamenta Araujo.

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La divulgación de estos correos son la prueba de que se está “construyendo el rompecabezas de la verdad”. A lo que se suma que el fiscal que lo investigó (cuyo nombre reserva) había hecho una delación en el 2018, relatando que por pedido de la Comisión 30S, que lideró el exfiscal y exconsejero de Correa, Carlos Baca Mancheno, “le daban los expedientes y una prueba forjada diciendo que Araujo debe ser sentenciado”.

También hay una ‘ayuda memoria’ que habría sido escrita por Terán informando a Martínez que en un cambio de guardia del 1 de octubre de 2012, familiares de fallecidos y heridos del 30S pidieron casas, justicia, indemnizaciones, puestos de trabajo, ayudas médicas...

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Al recordarse mañana nueve años de este suceso, varios de los afectados agrupados en la Mesa por la Verdad y la Justicia irán hasta la sede del Consejo de la Judicatura para exigir que se investigue a los operadores judiciales, pues afirman que hubo un “fraude procesal”.

Además, buscan que en la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se observe cómo actuaron en sus sentencias; y, que el gobierno de Lenín Moreno desclasifique la información reservada, ya que el resultado de esa revuelta dejó 274 heridos y cinco muertos, según los registros oficiales del hecho.

Paúl Jácome, coordinador de la Mesa por la Verdad y la Justicia, cuenta que recabaron unos 300 casos, de los que el 75% se relaciona con el 30S. Ese número corresponde a unas 2.000 personas de las 17.000 que en total habrían sido procesadas en más de 23 procesos vinculados a ese hecho.

“No hay que olvidar que ese día hubo víctimas mortales sin que se dé con los culpables. Se les fue la mano, y debían justificar el operativo sangriento que se desarrolló en un hospital”, expresó Jácome.

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El coronel (s. p.) de la Policía César Carrión, ahora legislador, fue acusado de magnicidio y estuvo preso. Un tribunal lo encontró inocente, y el caso se declaró en abandono.

Para él, el 30S es una “farsa”. Y aspira a que en la sentencia del caso Sobornos se disponga una investigación “por cómo fueron procesados policías, militares y civiles de una forma atroz”. 

Lo que se sabe

Un niño herido. Un correo electrónico titulado ‘Informe heridos 30S’ del 17 de febrero de 2011, muestra las gestiones y seguimiento que daban en los ministerios y entes de Seguridad Social Laura Terán y Pamela Martínez a los heridos y sus familiares, tras la revuelta policial. Se habla de un niño de 11 años de edad, que ese día fue herido por una bala en su pierna. Su padre había “pedido ayuda laboral”, que se le había gestionado en Correos del Ecuador en noviembre del 2010.

Traslado a EE.UU. El militar Álex Guerra, que fue herido por una bala, quedó parapléjico, y pidió continuar su recuperación en los Estados Unidos. Como parte de las gestiones se había solicitado a la Cancillería que les dieran visa a la esposa, hijos y sobrina, y trabajo para su hermana. Para que continúe el tratamiento se pedía que lo nombraran coordinador de la Agregaduría Militar de la embajada de Ecuador en ese país.

Ayuda para trabajo. Un hombre había ayudado a trasladar al hospital al estudiante fallecido en la revuelta, Juan Pablo Bolaños. No resultó herido, cita el texto, pero “se valió de los deudos” para pedir espacio laboral. Se gestionó su ingreso a la Comisión Nacional de Tránsito, y se le había podido “conseguir el trabajo”.

Afectados

Policías acusados de magnicidio. Marcelo Bonifaz y otros cinco policías fueron acusados a doce años de reclusión por magnicidio. Bonifaz tiene prelibertad, pero quiere justicia, por ser acusado con ‘pruebas falsas’. Denuncia que intentaron sobornarlo.

Mery Zamora: me persiguieron con odio. Es dirigente política. Por un video en una entidad educativa la procesaron por terrorismo. En 2018 la declararon inocente. “Rafael Correa metió la mano en la justicia, y me persiguió con odio y saña”, cuestiona.

A Nelson le pedían que acusara a policías. Nelson Puentestar es un expolicía herido el 30S. Detalla que hablaba con Rafael Correa, quien le hacía ofrecimientos como una casa y salud para que “incrimine a mis compañeros. Yo no acepté”.

Muerte de Froilán Jiménez, sin resolver. Expolicía del GIR, falleció en el operativo para sacar a Rafael Correa del hospital. La investigación de su muerte se anuló en julio. Su hermana Sandra Jiménez, dice que el 30S es una “etiqueta”; para la familia, una “agonía”. (I)