Tres pendientes le quedan a Ecuador para abandonar definitivamente la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur): esperar seis meses luego de la notificación oficial, pagar las cuotas que adeuda y resolver sobre la edificación en la que funciona actualmente la Secretaría General del organismo, en la Ciudad Mitad del Mundo.

Si bien la aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unasur por parte de la Asamblea es el último trámite interno que un país miembro debe realizar para salir del ente regional, el mismo Tratado señala, en su artículo 24, que la denuncia surtirá efectos una vez transcurridos seis meses desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por cualquiera de los miembros.

Al momento, en esta situación de espera para la salida definitiva están Argentina, Paraguay, Brasil y Chile. Los tres primeros lo harán en octubre y el último en diciembre. El único país que está fuera totalmente es Colombia desde marzo de este año y Perú que continúa en trámites internos para salir.

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El resto, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Surinam y Guyana continúan figurando con el estatus de Estado Miembro.

Respecto al asunto de las deudas pendientes, el mismo artículo 24 del tratado expresa: “La notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación de pago de las contribuciones ordinarias que tuviere pendientes”.

Aunque Cancillería no ha confirmado si aún tiene deudas, un informe de junio del 2018 de la Unión daba cuenta de que Ecuador debía $ 37.688 en el 2016. El 2017, el mismo valor y, en el 2018, $ 336.669. Cifras que, sumadas, llegan a $ 374.357.

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La cuota anual promedio que pagó Ecuador a este organismo bordea los $ 400.000, desde su creación, en el 2011.

Pero Ecuador también se encargó de construir la sede donde funciona, hasta el momento, la Secretaría General, aunque sin titular, porque en más de dos años los países miembros y participantes no pudieron escogerlo.

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El último secretario general fue el expresidente de Colombia Ernesto Samper, quien no asistió a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea que elaboró el informe de denuncia del Tratado, pero que envió documentación señalando que Ecuador no debería abandonar el organismo.

Esta sede, que fue construida por el gobierno del expresidente Rafael Correa y costó $ 45 millones, se halla en San Antonio de Pichincha, al noroccidente de la capital y ahora está en disputa entre el Gobierno central y el provincial.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, reclama a la Cancillería la devolución de los 9 lotes de terreno donados para la construcción del complejo, pero dicha edificación fue realizada por el Gobierno pasado; es decir, es de dominio de la Cancillería, según escrituras públicas firmadas en 2010 y 2016, respectivamente.

El trato entre Unasur y Ecuador contempla que el bien sea revertido al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, si el país dejara de ser Estado Parte.

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Mientras Pabón estudia las posibilidades para que la Prefectura se haga cargo o adquiera la edificación para seguirla destinando a un espacio para la “integración” de la región, las intenciones del Gobierno central con esta construcción se conocen hace meses por boca del propio presidente Lenín Moreno, quien declaró que allí funcionaría la Universidad Indígena.

La posición de Pabón, exasambleísta y secretaria de Estado de Correa, fue la misma que defendió el bloque de la denominada “Revolución Ciudadana” en la Asamblea, única bancada que no respaldó la denuncia del Tratado.

Cancillería no ha informado si ya envió la notificación oficial a los países miembros de la Unasur para que empiece a correr el plazo de seis meses, tampoco si han cancelado los valores pendientes, ni la respuesta al pedido de la Prefectura sobre el terreno. 

Bloques

Alianza del Pacífico

Tras la salida de Unasur, Ecuador está por concretar su ingreso a la Alianza del Pacífico el próximo año. Colombia, Perú, Chile y México respaldan la pronta participación de Ecuador como miembro pleno.

Prosur

Prosur es otra iniciativa que surgió de una reunión de jefes de Estado en Chile. Sería la alternativa a la Unasur. (I)