La Superintendencia de Control del Poder de Mercado acaba de emitir un instructivo para hacer más eficiente una figura legal que busca destruir a los carteles empresariales, y que a nivel mundial se denomina “Programa de beneficios por delación”.

Según el superintendente del ramo, Danilo Silva, la medida está amparada en la ley y en el capítulo que habla de la exención o reducción de pago de multa cuando una empresa infractora confiesa su falta. La idea ha sido buscar aprender de las experiencias de Colombia y Chile. Uno de los objetivos será estudiar los problemas generados en el tema público, por ejemplo, casos de contratación de empresas que ahora son protagonistas de los casos de corrupción.

Juan David Gutiérrez y Carlos Esguerra, expertos en temas de competencia y miembros del estudio jurídico Avante Abogados, de Colombia, están en el país para realizar capacitaciones a los miembros de la Superintendencia, e impartir charlas al público en general.

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De acuerdo con Esguerra, “la delación es la principal herramienta contra los carteles empresariales, que incumplen con la obligación moral de competir limpiamente para que sus productos mejoren”. Dice que lamentablemente para los empresarios muchas veces les resulta más cómodo ponerse de acuerdo entre algunos competidores y quedarse en ciertas condiciones que no generan innovación ni esfuerzo. Y al final terminan siendo desplazados por empresas internacionales que tienen mejores estándares.

Gutiérrez considera que un espacio importante para trabajar en este tipo de temas es el sector público y que, según la OCDE, generan un perjuicio al Estado de por lo menos 20% de los recursos invertidos.

Explica que la empresa que se sienta culpable de cometer una infracción en competencia puede denunciar a otras empresas con las que acordaron las faltas y podría tener el beneficio de una exoneración total de la multa. Si aporta con pruebas.

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Los otros involucrados podrían también tener incentivos para continuar colaborando con la investigación, pero menores. Así se genera una necesidad de delación contra el tiempo, pues hay un incentivo para ser el primero.

Tanto Esguerra como Gutiérrez coincidieron en que Ecuador está haciendo importantes esfuerzos para adaptar la normativa a las necesidades actuales. También indicaron que la autoridad debe ser fuerte y mostrar “que tiene dientes”, para así generar el temor en las empresas que están cometiendo las faltas de competencia y el incentivo para la delación.

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Ecuador recién tuvo su ley en 2011 y creó la Superintendencia en el 2012. (I)