La Comisión de Fiscalización concluyó que durante el gobierno del ex mandatario, Rafael Correa, se habría configurado e institucionalizado un sistema de corrupción público-privado altamente sofisticado, que permitió a Alianza PAÍS recibir aportes ilegales de contratistas del Estado a cambio de adjudicación de contratos. 

A esa conclusión llegaron nueve legisladores que aprobaron el informe y que pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea y que además sugiere remitir el documento con sus anexos a la Fiscalía, Contraloría como aportes a las investigaciones que se realizan en el caso sobornos 2012-2016. 

Pero también recomendó enviar el informe al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, a la UAFE y al SRI, a fin de que se investigue el manejo financiero de todos los partidos y movimientos políticos en las elecciones desde el 2012 al 2019.

La comisión desde el 18 de junio pasado analizó las publicaciones en los portales digitales “La Fuente” y “Mil Hojas”, sobre sobornos y aportes a campañas electorales del 2012 al 2016, y sobre supuesto uso de recursos públicos para financiar campañas electorales.

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En el informe aprobado, en el último día de plazo, sostiene que el sistema de recaudación ilegal habría operado de forma paralela al formal del Movimiento PAIS, a fin de financiar campañas electorales específicas, así como otros rubros ajenos al que hacer propio de la organización política. 

Además, los legisladores dedujeron que del análisis de la comparecencia de la presidenta del CNE, Diana Atamait, y de la información entregada por esa institución, se puede determinar que el movimiento PAIS que en la contabilidad de las cuentas de campaña no habría registrado todos los ingresos y gastos; irregularidades que no fueron detectadas por los actuales mecanismos de fiscalización, específicamente por parte de la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE. 

Entre los posibles indicios de irregularidades, se han identificado aportantes, cuyas declaraciones a la renta se encuentran en cero o que no constan registrados en el SRI; es decir, el monto de sus aportes no es compatible con su declaración de impuesto a la renta; además, si se comparan productos y servicios similares reportados por las diferentes campañas, se observa variaciones significativas en sus costos, lo cual podría deberse a sobreprecios o a una facturación irregular de los proveedores.

Además que de la comparecencia de la directora nacional del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, se concluye que existen aportaciones por parte de ciudadanos al Movimiento PAIS que no reportan ingresos ni pagos al impuesto a la renta; que, se estaría identificando un banco de empresas fantasmas a través de las cuales, las empresas contratistas con el Estado habrían viabilizado sus aportes ilegales.

En el informe se concluye que de la comparecencia del periodista, Luis Eduardo Vivanco, en el caso de la empresa Odebrecht, existirían indicios de que no sólo se habría procedido a financiar a organizaciones políticas, sino también a pagar sobornos para la obtención de contratos con el Gobierno Central y con Gobiernos Descentralizados; por lo que la Fiscalía y la Contraloría, en el marco de sus competencias, deberían proceder a reiniciar o iniciar las respectivas investigaciones.

Que de la comparecencia del Contralor General, Pablo Celi, se deduce que es necesario que la Asamblea Nacional amplíe las competencias de la Contraloría, a través de la correspondiente reforma legal, a fin de que cuente con mecanismos de control financiero de las organizaciones políticas y que se mejoren los procesos de intercambio de información y cooperación entre las entidades de control: Fiscalía, UAFE, CNE, SRI, Asamblea Nacional, entre otros.

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La comisión de Fiscalización dejó constancia que los representantes legales de las empresas privadas mencionadas en los informes, la mayoría presentaron excusas en el sentido de que ya están siendo parte de un proceso de investigación llevados por la Fiscalía y/o que no son sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional.

Otro punto que observó la Comisión de Fiscalización es que hay una debilidad institucional del CNE para ejercer su competencia de control sobre los ingresos y el gasto electoral, por lo que se intuye que los indicios de posible financiamiento con aportes ilegales al Movimiento País, no serían una infracción exclusiva en la que habría incurrido el mencionado movimiento, sino que, por ser un problema estructural, también podría haber contaminado el accionar de otras organizaciones políticas; de ahí que  sería necesario impulsar una reforma profunda al Código de la Democracia, fortalecer al CNE en su capacidad de control, crear sistemas que permitan el compartir información financiera entre todas las instituciones de control, y que se investigue cómo han manejado sus finanzas las otras organizaciones políticas.  

 Por ello, la Comisión recomendó que este informe y sus anexos se envíe a la Fiscalía General del Estado a fin de fortalecer las investigaciones en curso sobre el caso Sobornos 2012-2016.

Que también sea remitido a la Contraloría para contribuir al examen especial a la asignación, administración y utilización del Fondo Partidario Permanente y Fondo de Promoción Electoral para la organización política Alianza PAIS.

Otra de las recomendaciones aprobadas es enviar el informe al SRI para que investigue las posibles infracciones tributarias en que pudieron haber incurrido las empresas privadas mencionadas y los sujetos privados, en el caso Sobornos 2012-2016; ya sea a través de cruce de facturas, realización de aportes ilegales, alteración de sus reportes contables, entre otros.

También se sugiere remitir el informe al Ministerio del Trabajo con el propósito que investigue los posibles prejuicios a los empleados de las empresas privadas mencionadas, en el caso Sobornos 2012-2016, ya que de comprobarse que las mismas realizaron aportes ilegales (sobornos) a funcionarios públicos, se pudo haber afectado los registros contables de las empresas, y, por lo tanto, mermado el monto de utilidades generadas.

La comisión también formuló propuestas de reformas al Código de la Democracia para reformar el control y transparencia del financiamiento de los partidos y movimientos políticos, así como su gasto.