Procesado por el caso Coopera quedó libre

El expresidente de la desaparecida cooperativa de ahorro y crédito Coopera, Marcelo Enrique V.V., quedó en libertad la tarde de este viernes.

Se lo procesa por el presunto delito de lavado de activos y luego de estar seis años prófugo de la justicia se benefició de un habeas corpus preventivo dictado por un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. La reactivación del juicio en su contra dependerá de la agenda de los jueces.

La audiencia para sustituir la orden de prisión preventiva por otras medidas cautelares se realizó esta tarde en la sala 109 del Complejo Judicial del Azuay.

El Tribunal de Garantías Penales del Azuay integrado por los jueces Guido Naranjo, Patricia Novillo y Carmita Campoverde, dictaminó que el procesado en el caso Coopera que, perjudicó a más de 130.000 depositantes, deberá presentarse cada lunes al juzgado y no podrá salir del país.

Pero también se ordenó a la Policía Judicial una vigilancia especial a sus actividades. Esto para ejecutar la orden del Tribunal Nacional. 

En la audiencia participó el fiscal Marcos Flores quien se mostró molesto porque, según dijo, la figura de habeas corpus preventivo no existe en las normas jurídicas del país. 

Sin embargo, el abogado defensor de Marcelo Enrique V.V., David Rivas, defendió el fallo y aseguró que es intención de su cliente presentarse al juicio que se inició en mayo del 2014. 

Para justificar el arraigo, la defensa presentó varios documentos como escrituras de domicilio, pago de pensiones de estudios de sus hijos, un certificado laboral y un informe médico donde se reportarían afectaciones a su salud originadas por esta situación. 

Luego de revisarlos, el fiscal Marcos Flores refutó que el reporte médico es por una cirugía de próstata programada con anterioridad y que los bienes inmuebles que posee fueron comprados entre el 2010 y 2013, años que los investigan. 

En la sala también estuvieron algunos afectados del cierre de Coopera y que según investigaciones de la Fiscalía, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, se efectuaron 84 transacciones inusuales e injustificadas por $ 35’372.937 a las cuentas de 12 empresas de “papel”, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre. 

Por aplicar la figura de habeas corpus preventivo a favor de los hermanos Willliam y Roberto Isaías,  los jueces Manuel Suárez Capelo, Demóstenes Díaz Ruilova y Olga Aguilera Romero, miembros de la Sala Especializada de lo Penal del Guayas, fueron destituidos por haber incurrido en la figura de error inexcusable. (I)