Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en su visita a Guayaquil, conversó con este Diario sobre el proceso de la lucha contra la corrupción que ha emprendido a lo largo de su vida y los riesgos que conlleva denunciarlos. Con la Cicig, Velásquez reveló el caso ‘La Línea’, que se refería a corrupción aduanera en Guatemala, que terminó con la encarcelación en 2015 del expresidente Otto Pérez Molina. Velásquez dice que la comisión mostró que la lucha anticorrupción sí era posible.

La importancia de la Cicig se limita en el caso ‘Las Líneas’ o va más allá...

Permitió demostrar que es posible luchar contra la impunidad del poder. Esto llevó también a la ciudadanía a entender en medio de qué estaba... Desde esa perspectiva podemos decir que sí es un caso simbólico.

Significa que el caso generó que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones

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Es como recobrar la confianza en las instituciones, ver que sí era posible una Fiscalía que actuara sin distinguir quién era el objeto del proceso penal. Eso generó también como un entusiasmo ciudadano que me parece, en ese sentido, muy importante, sobre todo la contribución que puede prestar la justicia.

¿Cree que deberían crearse más Cicig a nivel mundial?

Yo creo que un modelo como la Cicig, que respeta la soberanía porque no tiene titularidad de la acción penal, que no puede solicitar a los jueces capturas, allanamientos.... Creo que una cooperación internacional al estilo de la Cicig es muy útil para cualquiera de los países en América Latina.

¿Cuál es el riesgo que se corre al denunciar o develar casos de corrupción?

Cuando la Fiscalía afecta al poder siempre hay una reacción. En Guatemala, desde 2016, ocurre una campaña muy bien organizada, financiada y costosa de desprestigio que ya se ha ido ampliando. Es una reacción que no se produce solo porque se trate de un organismo internacional sino siempre como decía (Giovanni) Falcone con la mafia italiana: las campañas primero tratan de convencer, luego de comprar, después de desprestigiar, finalmente de matar. Vamos en el tercer nivel, ojalá que todo eso en Guatemala quede en ese tercer nivel del desprestigio.

¿El caso de corrupción en Guatemala se podría comparar con los ocurridos en Sudamérica, como, por ejemplo, el pago de sobornos a funcionarios públicos por Odebrecht, que también topó al Ecuador?

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Ha habido situaciones en América Latina importantes, lo que ocurrió en Brasil, en Perú. En Centroamérica, lo que significó en 2015, tal vez por el reflejo de Guatemala... todo este movimiento ciudadano con el acompañamiento de la Cicig en la lucha contra la corrupción. Me parece que hay en ocasiones unos brotes de bastante actividad de la Fiscalía para que los actos de corrupción puedan ser realmente investigados y sancionados y lo que se requiere es que no se queda como una calentura del momento, una fiebre sino que sea un compromiso real.

¿Cómo se puede lograr ese compromiso?

Tratar que sea un fortalecimiento real de la administración de justicia en la misma dirección de la construcción de un Estado de derecho democrático. Es hacer real que no hay nadie superior a la Ley.

Ya en lo nacional, en el país existe la Secretaría Anticorrupción del Gobierno. ¿Cree que su actuación pueda ser independiente?

Los aportes desde los poderes ejecutivos que se pueden hacer a la lucha contra la corrupción, que es además en varios países que existen secretarías de transparencia o programas dentro del Ejecutivo que recolectan información, pero tiene que trasladar a la autoridad judicial. En todo caso que se actúe con responsabilidad, que no sea un instrumento de persecución. El peligro es en estas secretarías que es difícil la investigación hacia adentro, pero también es una contribución importante.

Entonces, ¿se puede lograr una persecución a la corrupción?

Con la Fiscalía independiente, con la ciudadanía denunciando, presionando.... La vía para luchar por una cultura de legalidad tiene que estar precedida de la cultura de las consecuencias... (Se) requiere de una respuesta del Estado a través de sus órganos de justicia (para) contrarrestar la corrupción. (I)