Actualizado a las 14:50

La jueza Ximena Rodríguez declaró esta tarde la nulidad dentro del caso por el asesinato de Froilán Jiménez el 30 de septiembre del 2010. La nulidad será de todo lo actuado desde el 20 se septiembre de 2018; es decir, solo será válido lo realizado en los primeros 15 días de la instrucción fiscal.

Junto a la resolución de nulidad, la jueza del caso Froilán Jiménez, ordenó que se disponga a la Fiscalía General para que su titular Diana Salazar realice una investigación interna sobre los movimientos de fiscales que participaron en la causa. La magistrada señaló que es preocupante la desorganización que ha existido.

El fiscal Fabián Salazar ya no podrá conocer la causa.

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Para analizar los pedidos de nulidad presentados por la defensa de la familia del policía asesinado la noche del 30 de septiembre del 2010, Froilán Jiménez, y el fiscal del caso Fabián Salazar, la jueza Ximena Rodríguez había suspendido para las 14:00 de este miércoles la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Este caso investiga la muerte del agente policial que pertenecía al Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Para Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, una serie de irregularidades y violaciones al debido proceso deben generar la nulidad de todo lo actuado en el caso e incluso, dijo, la causa debería regresar a la instrucción fiscal. Romero no solo señaló una supuesta indefensión de 23 días al no tener un fiscal que dé paso a los pedidos de las partes, sino también explicó que existieron varias irregularidades administrativas en la Fiscalía provocadas por la derivación del caso a diferentes fiscales que tomaron decisiones; en algunos casos, sin tener la potestad para hacerlo.

Romero pidió a la jueza Rodríguez que no deje en la impunidad la muerte del agente del GIR, hecho que, según él,  ha causado ya más de 3.000 días de sufrimiento a la familia del policía.

Sucesión de fiscales

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La formulación de cargos estuvo en manos del fiscal Fabián Salazar, luego pasó el caso al fiscal José Maldonado. Posteriormente lo conoció la fiscal Provincial de Pichincha, Sandra Rosillo, quien posesionó en el caso al fiscal Andrés Pazmiño. Finalmente el caso volvió a manos de Salazar.

El fiscal Salazar reconoció que en su momento tuvo la convicción de que existían los elementos para formular cargos contra los mayores del Ejército Wilson R. y Vicente N. por el delito de ejecución extrajudicial, pero que en ese momento estaba en la audiencia para sustentar una acusación hecha por otro fiscal por el  delito de asesinato contra Jiménez.

Salazar explicó que en este caso existió un vicio de procedibilidad, pues en el proceso no consta cuál fue la respuesta de Paúl Pérez Reina, fiscal general de la época, respecto a la decisión que tomó Salazar de trasladar el expediente a su superior al encontrar elementos que hacían presumir la vinculación al proceso del expresidente Rafael Correa y al exministro de Defensa Javier Ponce. 

Los abogados de los procesados Wilson R. y Vicente N., Nicolás Salas y Pablo Encalada, respectivamente, señalaron que para ellos no existían vicios que podrían afectar la validez de todo lo actuado en el proceso. Pese a ello, ambos reconocían que si existieron violaciones a los derechos de sus clientes, especialmente al momento de la detención de los mismos. 

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Peligro por nulidad

Salas y Encalada calificaron como un hecho poco común el que la defensa de la víctima y la misma Fiscalía alegue la existencia de vicios para pedir la nulidad del todo lo realizado en esta causa. Ellos advirtieron que se violarían los derechos de los procesados el que se declare nulo el proceso. 

"No se puede resolver una injusticia con otra injusticia", dijo Encalada, al tiempo que aclaró que en esta audiencia se debe discutir lo de fondo, es decir, la falta de elementos que existen para señalar como culpables de la muerte del policía a los dos oficiales del Ejército. (I)