A petición de la fiscal general del Estado Ruth Palacios, Juan L., excoordinador de Gastos Especiales de lo que fue la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), fue vinculado este sábado por el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Enríquez al caso de peculado en el que es procesado el exsecretario de Inteligencia y prófugo, Pablo Romero y otros, por la "Operación Caminito".

Junto a este pedido, la fiscal Palacios también solicitó que el monto de prejuicio para el Estado se suba, de los 100.000 dólares planteados en la audiencia de formulación de cargos, a $ 162.546,19, de acuerdo al análisis realizado al informe de Contraloría del 2014 al manejo de recursos en esta institución.

Del mismo informe de Contraloría, la fiscal señaló que Juan L. firmó varios documentos de liquidaciones de pago para cancelar los servicios de un supuesto informante con el alias "Ruso" que se encontraba en Uruguay y de quien Fiscalía también sospecha de su existencia, pues el pasaporte usado por este individuo habría sido falsificado.

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Palacios advirtió que de esta "Operación Caminito", en la que por su firma en varios documento también se vincula a Juan L., no existe documentos que justifiquen el pago, la entrega de información, ni el beneficio que representó para el país. Palacios dijo que se presume, aunque no hay nada confirmado al respecto, que se trataba de una operación de espionaje a altas autoridades.

El juez dispuso la como medidas personales para Juan L. la prohibición de salida del país, la presentación semanal ante la autoridad de la Corte Provincial de Guayas (no puede trasladarse a Quito por problemas de salud) y, como medida cautelar la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por el nuevo monto solicitado por la Fiscal como prejuicio a Estado: $ 162.546,19. (I)