Al menos 13 han sido las faltas recurrentes, de 37 infracciones leves, graves y gravísimas que se registran en el Código Orgánico de la Función Judicial, por las que en los últimos cuatro años 209 fiscales han sido sancionados con amonestaciones escritas, sanciones pecuniarias o suspensiones a nivel país; otros 66 fueron destituidos.

Las sanciones las emite el Consejo de la Judicatura (CJ), al ser el ente administrativo de la Función Judicial que desde la vigencia de la nueva Constitución tiene esa facultad.

En total 175 casos de fiscales amonestados y suspendidos y 58 destituidos se registraron entre 2015 y 2017, cuando Gustavo Jalkh estaba al frente del CJ. Los 34 casos restantes de fiscales con amonestaciones y suspensiones y 8 destituidos se dieron en 2018, en las gestiones de Jalkh, hasta junio, y de Marcelo Merlo, como transitorio.

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Datos del CJ transitorio señalan que entre las infracciones leves de fiscales entre el 2015 y el 2018 estuvieron el agredir de palabra y obra a sus compañeros, la negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio y no remitir la información a la que está obligado.

Dentro de las graves están la falta de motivación, el propiciar, organizar o ser activista en paralizaciones del servicio de justicia, consumir bebidas alcohólicas en el trabajo, violación de derechos y garantías constitucionales, dejar caducar la prisión preventiva. Incurrir en tres faltas en un mismo año generó también destitución.

Y entre las graves, sancionadas con la separación definitiva del cargo, estuvieron el abandonar el trabajo, la retención indebida de documentos, la manifiesta negligencia, el error inexcusable, el haber recibido favores económicos o bienes y no comparecer a audiencia.

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Actualmente a nivel nacional existen 840 fiscales que revisan 481 casos cada uno al año. Según la fiscal general (e), Ruth Palacios, ese promedio nace de las 360.000 noticias del delito que reciben. Fiscalía necesitaría unos 400 fiscales para superar el déficit que existe.

El penalista Paúl Ocaña cree que la exagerada carga laboral es un freno para las investigaciones y podría generar de alguna forma estas sanciones. Pese a ello, dice que hay fiscales con falencias en doctrina penal, en litigación dentro del sistema oral, vacíos en técnicas de investigación e influenciables a temas como el mediático.

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En junio, el Consejo de Participación transitorio emitió un informe, con el que se cesó al CJ liderado por Jalkh, que habla de “graves irregularidades” en los procesos de selección de fiscales: servidores nombrados en cargos distintos a los postulados, nombramiento de postulantes que obtuvieron menores puntajes, reducción del puntaje mínimo requerido para acceder al banco de elegibles...

La aspiración que tendría Fiscalía, confirma Palacios, sería manejar todos estos procesos de selección del personal, pues la entidad conoce la operatividad que requiere un fiscal. Reconoce que tienen quejas de funcionarios “que lastimosamente han llegado a ser fiscales y que hasta hoy no pueden solventar una audiencia”.

El asambleísta Henry Cucalón (PSC-MG) está en contra de que el concurso y la designación de fiscales pase a Fiscalía. Para él, jueces imparciales, con una selección transparente, deben escogerlos. Espera que con el nuevo CJ los concursos sean breves y den mejores. (I)