Militares venezolanos dispersaron este sábado con gases lacrimógenos y proyectiles de goma a decenas de personas que exigían cruzar hacia Colombia por un puente fronterizo de Ureña (Táchira, oeste), cuyo cierre fue ordenado por el gobierno venezolano para evitar al entrada de ayuda humanitaria.

El enfrentamiento surgió en el cruce del puente Francisco de Paula Santander -que comunica la localidad venezolana de Ureña con la colombiana Cúcuta-, cuando el grupo, que pretendía cruzar la frontera para ir a trabajar, chocó con integrantes de la Guardia Nacional antimotines, quienes respondieron para dispersarlos, según testigos. 

La represión continuó durante la mañana y tarde. Dos camiones que habían entrado a territorio venezolano en la frontera con Colombia fueron incendiados, según algunos testigos, por guardias nacionales. La gente tuvo que movilizarse para intentar rescatar las cajas con la ayuda humanitaria.

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Una larga columna de humo se veía sobre el puente internacional Francisco de Paula Santander, mientras las personas se pasaban las cajas con alimentos y medicina de mano en mano para evitar que también se quemaran.

Ante este ataque, el presidente interino Juan Guaidó se refirió en su cuenta de Twitter: "Seguimos recibiendo el respaldo de la comunidad internacional, que ha podido ver, con sus propios ojos, como el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad".

Desde Caracas, el presidente de la comisión de ayuda humanitaria, diputado opositor Miguel Pizarro, descartó que el no haber podido introducir la ayuda sea visto como una derrota para la oposición, y acusó a Maduro de haber elegido el “peor camino” al reprimir a la población con militares y supuestos grupos oficialistas conocidos como “colectivos”.

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“Este es un esfuerzo que sigue”, dijo Pizarro en conferencia de prensa al asegurar que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, seguirá presionando por la ayuda humanitaria.

El diputado aprovechó para denunciar que un barco que viene desde Puerto Rico con ayuda humanitaria para Venezuela estaría siendo asediado en aguas del Caribe, pero no ofreció detalles.

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La oposición venezolana, encabezada por el autodeclarado presidente Guaidó, movilizó desde temprano camiones con alimentos y medicinas en algunos puntos fronterizos, y aunque hubo unos primeros reportes de que se había logrado introducir algunos cargamentos por Brasil, los vehículos se quedaron en los puntos limítrofes.

Los enfrentamientos comenzaron temprano en la localidad venezolana de Ureña, fronteriza con la ciudad colombiana de Cúcuta, cuando los militares de la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma contra la gente que intentaba llegar al puente fronterizo. Médicos en el lugar reportaron un par de docenas de heridos, pero ningún fallecido.

Más tarde, sin embargo, se registraron otros enfrentamientos en la localidad suroriental de Santa Elena de Uarién, cercana a la frontera con Brasil, donde según la organización venezolana Foro Penal se reportaron cuatro personas fallecidas y 24 heridos.

Los altercados se extendieron hasta el final de la tarde cuando militares, montados en una tanqueta, disparaban gases lacrimógenos hacia decenas de manifestantes, algunos con los rostros cubiertos, que protegidos por barricadas de basura, se enfrentaban a guardias nacionales.

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En Caracas, tras una marcha de sus seguidores, el presidente Maduro dijo que se le agotó la paciencia y decidió romper relaciones con Colombia ante lo que consideró continuas agresiones del gobierno del presidente Iván Duque y su intromisión en asuntos internos.

"No puedo seguir soportando, no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela, por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia", dijo.

Maduro dio un plazo de 24 horas para que los diplomáticos colombianos abandonen Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la noche del viernes el "cierre total" de los cuatro puentes que comunican al estado Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander, donde está la ciudad de Cúcuta, centro de acopio de ayuda enviada por Estados Unidos a solicitud del opositor venezolano Juan Guaidó.

A última hora del viernes, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el "cierre temporal" de los puentes fronterizos Simón Bolívar, Santander y Unión, los pasos más cercanos a Cúcuta, donde se almacena la mayor parte de la ayuda.

"En cuanto se controlen las groseras acciones de violencia contra nuestro pueblo y nuestro territorio, será restablecida la normalidad fronteriza", escribió la funcionaria en Twitter, un nuevo paso en la política del Gobierno de Maduro de reforzar la seguridad en las fronteras para evitar cualquier incursión.

 

Los venezolanos se enfrentan a guardias nacionales que les exigen que dejen la ayuda humanitaria en el puente Simón Bolívar en Cúcuta, Colombia.

Guaidó fijó para este sábado el día para que la asistencia de alimentos y medicinas cruce "sí o sí" pese a la negativa de Maduro, que la considera una "excusa" para una invasión militar liderada por Estados Unidos.

Vecinos de Ureña pedían a los militares autorización para atravesar el paso peatonal, como hacen cotidianamente.

Tras momentos de tensión, el piquete militar avanzó y comenzó a disparar gases lacrimógenos, a lo que algunos respondieron con piedras. Algunos también quemaron neumáticos, luego de que los efectivos militares desplegaron un vehículo con barricadas para impedir el paso.

"Yo tengo que pasar para cumplir mis ocho horitas de trabajo. ¿Qué pasa si no llego? Mi familia depende de mí", dijo a la AFP, antes de los disturbios, Unay Velasco, un joven de 24 años que hace servicios de limpieza en un supermercado en Cúcuta.

Unos 40.000 venezolanos cruzan a diario las fronteras tachirenses, según autoridades migratorias. La mayoría regresa a su país tras trabajar o comprar medicinas o productos escasos en su país.

Venezuela vive una grave crisis económica, con un sueldo mínimo que apenas equivale a unos 6 dólares, que ha forzado la emigración de unos 2,7 millones de personas desde 2015, según la ONU. (I)